La Argentina tiene la extensión de un continente, pero su destino se define en el metabolismo de una megaciudad que bosteza en las paradas de colectivos. Mientras la política debate la soberanía en abstracto, el ejercicio más brutal y cotidiano del poder ocurre cada madrugada en el asfalto del conurbano bonaerense. El desquicio actual del transporte en el AMBA no es solo un problema de frecuencias o costos; es la manifestación de un diseño territorial que nos asfixia. Hemos naturalizado una migración cotidiana demencial: cada día hábil, más de tres millones de personas cruzan la General Paz y el Riachuelo por trabajo, salud o educación, duplicando de golpe la población de la Capital Federal. El costo económico y humano de mover a esa marea —en horas de vida expropiadas, combustible quemado, estrés social y subsidios devorados— es el impuesto oculto que pagamos por sostener un esquema que vacía el interior productivo para alimentar a una metrópolis de 17 millones de rehenes. Allí, el boleto subsidiado es el último torniquete artificial que mantiene con vida el entramado laboral y comercial de un ecosistema hipertrofiado que se devoró al país entero.
Durante el siglo XX, estrategas como el Almirante Segundo Storni o el General Juan E. Guglialmelli nos exigieron mirar hacia los océanos o al desarrollo aeroespacial —con hitos como el misil Cóndor— para proyectar fuerza y disuasión. Pero en ese afán por mirar hacia afuera, se ignoró la hemorragia interna. Pero fue el filósofo Gustavo Cirigliano, con su radiografía de la “Argentina triangular”, quien explicó la trampa fundamental que fue haber armado un país raquítico en su inmensidad y macrocefálico en su puerto, donde las rutas y los trenes no se diseñaron para coser el territorio y unir a las provincias, sino como las venas de un embudo extractivista pensado para vaciar la riqueza hacia el Río de la Plata.
Por eso quienes reducen el problema de los colectivos del AMBA a los 100.000 millones de pesos mensuales que inyecta el Estado a un simple “agujero fiscal” demuestran una miopía total sobre cómo opera el poder y sus estímulos. Ese boleto es el gran ordenador de la región. Funciona como un salario indirecto que le ahorra al sector privado el costo monumental de transportar a sus propios empleados, amortiguando paritarias que de otro modo serían explosivas. Es la nafta que mantiene vivo el consumo de subsistencia en las calles de barrio y, a la vez, el escudo que garantiza la plusvalía inmobiliaria de los grandes corredores urbanos, entre varias derivadas más.
Sin embargo, frente al agotamiento de este modelo, la política se debate entre una terapia de choque y la parálisis conservadora. Por un lado, el gobierno de Javier Milei abraza la “destrucción creativa” de Schumpeter, dispuesto a aplicar esa terapia de choque para dinamitar la red de subsidios con la fe ciega de que el dolor a corto plazo forzará un reordenamiento social. En este punto, hay que reconocerle un mérito: Milei acierta al poner sobre la mesa una pregunta incómoda pero fundamental; ¿Cuáles son las cosas de las que debería ocuparse realmente un gobierno federal y cuáles son las responsabilidades que deben asumir las jurisdicciones? Sin embargo, el enorme peligro de esta motosierra logística es que la destrucción sea total y la creación, nula, encareciendo brutalmente el movimiento de los trabajadores sin un rediseño territorial de fondo y empujando al ecosistema comercial y social del conurbano al abismo.
Del otro lado, esta crisis desnuda la profunda ausencia de ideas del peronismo. La misma configuración geoeconómica y social que Cirigliano denunciaba terminó fagocitando al movimiento. Atrapado en un círculo vicioso que se retroalimenta, el peronismo fue condicionado por su propia estructura demográfica, mutando para dejar de ser un proyecto de planificación estratégica con ideas nacionales, para encogerse hasta convertirse en un partido del conurbano. Este repliegue geográfico, y hoy electoral, castró lo innovador y revolucionario de la creatividad de sus planteos. Obligado a administrar la pobreza y la dependencia de esa masa migratoria cautiva, hoy exhibe una vocación penosamente conservadora. Se limita a defender el status quo con consignas vacías, administrando la decadencia crónica con tal de no pagar los costos de desarmar la bomba territorial que lo sostiene electoralmente. Olvidan una lección implacable de la historia: las reformas estructurales que no se encaran a tiempo y con sensibilidad propia, tarde o temprano las terminan haciendo otros, a machetazos y sin considerar los costos sociales.
Ejercer la soberanía exige mucho más que declamarla; exige desarmar la macrocefalia que nos condena al subdesarrollo. Ningún país puede pesar en el escenario internacional si no domina ni vertebra su propia geografía interna. Romper esta inercia y descentralizar el mapa demanda comprender que el desarrollo urbano requiere de una visión integral. Necesitamos alinear de manera estratégica los estímulos públicos con la inversión privada para crear nuevos motores económicos, atreviéndonos incluso a pensar en profundas reconfiguraciones administrativas que desarmen el centralismo histórico. Ejecutar semejante rediseño exige un insumo que hoy parece extinguido en la política: el coraje. Necesitamos una dirigencia que asuma los costos de hacer lo que es vital para el país a largo plazo, aun cuando perjudique sus intereses electorales inmediatos. Porque la geopolítica real no perdona a quienes sacrifican el destino de la Nación en el altar de la próxima elección.
