El mapa carcelario argentino cerró 2024 con una fotografía inquietante: nunca hubo tantas personas privadas de la libertad ni establecimientos tan saturados. El último relevamiento del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) expone un crecimiento sostenido del encarcelamiento que supera largamente la capacidad real del sistema y consolida una crisis de carácter estructural.
Al finalizar el año, 121.443 personas se encontraban detenidas en unidades penitenciarias del país. La cifra equivale a una tasa de 258 presos cada 100.000 habitantes, el registro más alto desde que existen mediciones consolidadas. El aumento interanual fue del 7,1%, por encima del promedio histórico de las últimas dos décadas, que ronda el 6% anual, con la pandemia de Covid-19 como única excepción.
La presión sobre el sistema no es homogénea. Córdoba encabeza el ranking nacional con una tasa cercana a los 377 detenidos cada 100.000 habitantes. Le siguen Mendoza (308), la provincia de Buenos Aires (305), y luego Santa Fe y Salta, ambas por encima del promedio nacional. En estos distritos, la expansión del encarcelamiento avanza a un ritmo mayor que la capacidad de respuesta estatal.
EL PORCENTAJE ENTRE HOMBRES Y MUJERES
En el conjunto del sistema penitenciario argentino, la población privada de la libertad presenta una marcada desigualdad de género. De acuerdo con los datos relevados a nivel nacional, apenas el 5% de las personas detenidas en cárceles del país son mujeres, una proporción que se mantiene estable en prácticamente todas las jurisdicciones. Aunque minoritaria en términos numéricos, esta población enfrenta condiciones específicas y problemáticas particulares, muchas veces invisibilizadas en establecimientos diseñados y gestionados históricamente para una mayoría masculina.
CUANDO EL RÉCORD ES UN PROBLEMA
El crecimiento numérico convive con otro problema persistente: la sobrepoblación. Según el informe, las cárceles funcionan al 130,2% de su capacidad. En términos prácticos, por cada 100 plazas disponibles hay 130 personas alojadas. Durante 2024, varias provincias inauguraron nuevas unidades o ampliaron las existentes, pero el alivio fue limitado. Buena parte de las nuevas plazas se utilizó para trasladar detenidos que permanecían en comisarías, sin reducir el hacinamiento estructural.
Desde el CNPT advierten que la construcción de cárceles no ataca el núcleo del problema. El organismo señala como factores centrales el uso extendido de la prisión preventiva, el aumento de penas cortas, el endurecimiento de la legislación penal y la escasa aplicación de medidas alternativas al encierro. A esto se suma la falta de mecanismos eficaces de control judicial y administrativo para limitar la sobreocupación.
En cuanto a la situación procesal, el 62% de las personas detenidas tiene condena firme, mientras que el 37,3% permanece encarcelada sin sentencia definitiva. Aunque a nivel nacional la prisión preventiva mostró una leve reducción en términos relativos, las diferencias entre provincias son marcadas. Neuquén registra casi la totalidad de su población carcelaria condenada, mientras que Formosa, Córdoba, Buenos Aires y Misiones presentan altos niveles de detenciones sin condena.
El tipo de delitos también revela patrones claros. Los delitos contra la propiedad concentran el mayor porcentaje de personas privadas de la libertad (36,4%), seguidos por los delitos contra las personas (21,7%) y contra la integridad sexual (20,5%). El informe subraya que buena parte del encarcelamiento está vinculado a contextos de vulnerabilidad social y presenta impactos diferenciados según género, especialmente en causas relacionadas con estupefacientes.
Otro dato relevante es el peso de las penas breves. El 17% de la población condenada cumple sanciones de hasta tres años de prisión. Se trata de casi 13.000 personas detenidas por delitos de baja lesividad, como hurtos, robos simples, estafas o lesiones, que en muchos casos podrían tramitarse con medidas alternativas al encierro.
Por último, el informe identifica 256 personas detenidas bajo medidas de seguridad por motivos de salud mental. Aunque representan una proporción mínima del total, el CNPT alerta sobre la especial vulnerabilidad de estos casos y el impacto negativo que el hacinamiento tiene sobre su tratamiento y sus derechos.
