Las senadoras bonaerenses Mónica Macha, Laura Clark y María Rosa Martínez, cercanas al kirchnerismo dentro de Unión por la Patria, impulsaron en la Cámara Alta una iniciativa para manifestar su acompañamiento a las mujeres que realizaron denuncias por delitos contra la integridad sexual ocurridos en el Senado. El proyecto, de carácter declarativo, reclama además que el proceso judicial abierto avance hasta el pleno esclarecimiento de los hechos y la identificación de todas las eventuales responsabilidades penales.
La solicitud fue cursada a la presidenta del cuerpo, la vicegobernadora Verónica Magario, y piden que la Cámara se expida ente los graves episodios denunciados que hoy tiene a dos personas detenidas y varias víctimas, aunque por el momento solo tres dieron su testimonio. “Resulta evidente que esta casa legislativa no puede permanecer indiferente ante una denuncia de tal magnitud, que involucra, por ahora, a dos de sus empleados y a sus propias instalaciones como escenario”, afirman en una parte del texto, que culmina solicitando que consideran “absolutamente necesario que los hechos sean rápidamente esclarecidos por la Justicia, determinando con precisión la totalidad de las responsabilidades penales correspondientes, así como la contención y reparación necesaria para las víctimas”.
Según se detalla en los fundamentos del proyecto, las denuncias refieren a presuntos hechos reiterados de abuso cometidos en un contexto de manipulación, amenazas y ejercicio abusivo de poder, cuya autoría sería atribuida a dos empleados del Senado provincial. Las víctimas mantienen su identidad en reserva y los episodios habrían ocurrido en dependencias del propio organismo legislativo
El texto del proyecto recuerda que el pasado 29 de diciembre de 2025 la Unidad Fiscal N°2 de La Plata, a cargo de la fiscal Betina Lacki, ordenó la detención de los dos trabajadores señalados. La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Garantías N°4, que avaló las medidas dispuestas por la Fiscalía, entre ellas detenciones, allanamientos y el secuestro de material probatorio, al considerar que existían elementos suficientes para esta etapa del proceso
Entre los delitos que se investigan figuran abuso sexual con acceso carnal, amenazas con armas blancas, episodios de intimidación y situaciones de control sobre la vida personal y sexual de las denunciantes, según consta en el expediente judicial mencionado en el proyecto. Las senadoras remarcan que se trata de hechos de extrema gravedad que involucran violencia sexual, psicológica y un sometimiento prolongado en el tiempo
En ese marco, la iniciativa plantea la necesidad de que el Senado provincial adopte un pronunciamiento institucional frente a las denuncias, al tiempo que subraya la importancia de que la Justicia actúe con celeridad para esclarecer lo ocurrido y garantizar la determinación de todas las responsabilidades penales, además de la contención y reparación correspondiente para las víctimas.
EL PEDIDO DE LAS SENADORAS
EL CASO
Según la fiscalía, Silva Muñoz, empleada de planta permanente del Senado, habría sido una pieza clave dentro de “La Orden de la Luz”, una estructura con características de secta que operaba con mecanismos de captación, manipulación y sometimiento. En ese esquema, Nicolás Daniel Rodríguez, el otro empleado de la Cámara Alta, es señalado como el líder mesiánico, mientras que la funcionaria sindical habría cumplido el rol de facilitadora y mediadora con las víctimas. Ambos fueron detenidos en diciembre de 2025.
Según la acusación, los hechos investigados incluyen abusos sexuales con acceso carnal sin consentimiento, amenazas con armas blancas, episodios de intimidación y un control sostenido sobre la vida personal y sexual de las víctimas. La fiscalía sostiene que no se trató de episodios aislados, sino de conductas que fueron escalando en gravedad a lo largo del tiempo, en un esquema de sometimiento progresivo.
De acuerdo con la causa, parte de los abusos habrían ocurrido tanto en inmuebles vinculados a los imputados como en ámbitos relacionados con su actividad política y laboral. En esos espacios se habrían reforzado mecanismos de manipulación y obediencia, en un contexto atravesado por relaciones de poder, dependencia emocional y control simbólico sobre las denunciantes.
La investigación logró reconstruir intentos de denuncia que no prosperaron y pedidos de ayuda que quedaron truncos durante años, además de presuntas maniobras de hostigamiento posteriores para evitar que los hechos llegaran a la Justicia. Hasta el momento se identificaron cinco víctimas, con denuncias que abarcan el período entre 2014 y 2025, mientras el Juzgado de Garantías N°4 avaló las detenciones y la fiscalía cuenta con un plazo de 15 días para definir la situación procesal de los imputados.
