Estados Unidos llevó a cabo en la madrugada de este sábado una operación militar de gran escala en territorio venezolano, que culminó con la captura y traslado fuera del país del presidente Nicolás Maduro, según confirmó oficialmente el mandatario estadounidense Donald Trump. La intervención marca una escalada sin precedentes en la relación bilateral y reaviva el debate internacional sobre los límites del uso de la fuerza, la soberanía estatal y los intereses estratégicos en la región.
El operativo comenzó alrededor de las 02:00 de la madrugada (hora local de Caracas) con una serie de bombardeos y acciones de fuerzas especiales en distintos puntos del país. De acuerdo con reportes de agencias internacionales y del propio gobierno de Estados Unidos, los ataques se concentraron en objetivos militares y logísticos considerados estratégicos, entre ellos el Fuerte Tiuna, la Base Aérea La Carlota, el Puerto de La Guaira, el aeropuerto de Higuerote y la antena de comunicaciones de El Volcán, ubicada al sur de la capital. Las explosiones provocaron apagones masivos y escenas de pánico entre la población civil, con columnas de humo visibles en distintos barrios de Caracas.
A través de su red Truth Social, Trump confirmó que “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder”, y afirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados en avión fuera del país. Desde Mar-a-Lago, donde anunció que dará una conferencia de prensa para ampliar detalles, el presidente estadounidense calificó el operativo como “una operación brillante”, destacando la planificación y el accionar de las fuerzas militares involucradas.
Según fuentes del Pentágono citadas por medios estadounidenses, la captura habría sido ejecutada por miembros de la unidad de élite Delta Force, en una incursión terrestre coordinada con ataques aéreos lanzados desde el portaaviones USS Gerald R. Ford, desplegado en el Caribe en los últimos meses. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, enmarcó la ofensiva dentro de la denominada Operación “Lanza del Sur”, iniciada formalmente en noviembre de 2025 con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico y organizaciones criminales supuestamente protegidas por el gobierno venezolano.
Posteriormente, el propio Trump compartió la primera foto de Nicolás Maduro, ya detenido por las fuerzas militares estadounidenses:
Desde Caracas, el gobierno venezolano denunció una “gravísima agresión militar” y activó planes de defensa nacional. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, apareció públicamente con indumentaria militar, llamó a la calma de la población y aseguró que las fuerzas armadas están “listas para defender la soberanía nacional”. En paralelo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió a Washington una prueba de vida de Maduro y de la primera dama, al afirmar que el Ejecutivo venezolano desconoce su paradero.
Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio sostuvo que la acción se justifica en que Maduro “no es el presidente legítimo de Venezuela” y lo señaló como jefe del llamado Cartel de los Soles, una organización que Estados Unidos clasifica como narcoterrorista y por la cual el mandatario venezolano enfrenta causas judiciales en tribunales norteamericanos. Bajo ese argumento, la Casa Blanca encuadra la operación en la lógica de la lucha global contra el terrorismo, aun frente a las objeciones del derecho internacional.
Mientras no hay aún cifras oficiales sobre víctimas fatales o heridos tras los bombardeos, la ofensiva reabre un interrogante central en la política global: si la intervención responde exclusivamente a la denuncia de violaciones a los derechos humanos y al combate contra el narcotráfico, o si detrás de la decisión de Washington pesa también el fuerte interés estratégico sobre las reservas de petróleo y minerales que posee Venezuela, uno de los países con mayores recursos energéticos del planeta.
