La estrategia defensiva en una de las causas judiciales más comentadas del ámbito local dio un giro significativo durante las últimas horas. La mujer investigada en la ciudad de La Plata por presuntos delitos vinculados al ejercicio ilegal de la psicología se presentó formalmente ante los estrados de la Justicia bonaerense. Por intermedio de su representante legal, la imputada ingresó un escrito formal donde solicita una serie de medidas de prueba tendientes a demostrar su inocencia y requerir su desvinculación definitiva del expediente.
El documento fue ingresado ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 15 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield. Según informaron fuentes tribunalicias a este medio, el escrito firmado por el abogado defensor Lautaro Splizer busca aportar elementos de convicción que contrapongan la hipótesis acusatoria sustentada por los denunciantes. La presentación, realizada formalmente el pasado 9 de octubre, exige el agotamiento de diversas medidas de prueba antes de resolver la situación procesal de la acusada, de apellido Roh.
Medidas de prueba y acreditación académica
El núcleo central del planteo defensivo se apoya en la necesidad imperiosa de precisar las conductas concretas que el Ministerio Público Fiscal le atribuye a T.S.R. En el texto, el letrado remarcó que resulta indispensable discernir y analizar por separado cada uno de los hechos relatados en la denuncia original, evitando generalizaciones que puedan lesionar el derecho de defensa. Para ello, argumentó que las conductas investigadas responden a marcos de formación específicos y no a una atribución indebida de competencias de nivel universitario.
En tal sentido, la defensa aportó copia e información detallada sobre diversos cursos y capacitaciones cursados por la mujer en el área de la psicología social y la psicología social clínica. Entre los títulos presentados destacan los certificados emitidos por la Universidad Popular Ensenaje (UPE), la Primera Escuela de Psicología Social Clínica Argentina de La Plata y una credencial asociativa otorgada por la Asociación de Psicología Social Clínica Argentina (APSCA). Documentación que, según la defensa, acredita la buena fe del accionar de su cliente.
Formación en psicología social y alcance real
Dentro de la documentación respaldatoria arrimada al legajo judicial, el letrado detalló la existencia de dos capacitaciones clave para el análisis del caso. Un certificado consigna una carga horaria total de 1.650 horas lectivas, mientras que un segundo documento acredita una formación complementaria de 144 horas. En función de esta prueba documental, Splizer solicitó expresamente a la fiscalía que gire oficios a las instituciones emisoras para corroborar la autenticidad de los diplomas, validar sus reconocimientos oficiales y explicitar los alcances de los contenidos impartidos.
No obstante, el abogado fue enfático al aclarar ante los estrados judiciales que en ningún momento se pretende equiparar dichos diplomas o la credencial asociativa con un título universitario de grado en Psicología. Asimismo, admitió que esas certificaciones no otorgan de forma automática una matrícula habilitante expedida por el Colegio de Psicólogos bonaerense. Lo que la defensa exige investigar es qué información técnica y jurídica recibió la imputada al momento de cursar, así como las denominaciones que formalmente estaba autorizada a emplear.
Delimitación de funciones y uso de denominaciones
El escrito defensivo hace especial hincapié en la diferenciación conceptual y legal entre las denominaciones de “psicóloga social”, “psicóloga social clínica” y el título profesional de licenciada en Psicología. La representación legal de Roh exigió al equipo fiscal que precise en qué documento público, red social, anuncio o comunicación concreta su asistida se habría atribuido expresamente la posesión de una licenciatura universitaria. Para la defensa, no existe constancia material en el expediente que demuestre esa supuesta usurpación de título.
Respecto de las acusaciones por presunto ejercicio ilegal de una profesión reglamentada, la defensa enfatizó la urgencia de examinar detalladamente la naturaleza material de las intervenciones. El letrado argumentó que no puede asimilarse mecánicamente cualquier labor de acompañamiento, contención o guía social con actos clínicos estrictamente reservados a la psicología tradicional. En esa línea, sostuvo que la orientación comunitaria o el acompañamiento no constituyen un delito penal si no existe invasión de las incumbencias médicas o terapéuticas habilitadas.
El informe escolar y la acusación por defraudación
Otro de los aspectos centrales abordados en el descargo responde a una acusación específica referida a un informe institucional con fecha 12 de junio de 2026. La investigación de la fiscalía atribuye a Roh la elaboración de este instrumento privado para un establecimiento educativo, por el cual habría percibido un honorario de $30.000. La acusación encuadró este hecho particular bajo la sospecha de confección de un instrumento privado falso, en concurso con una eventual maniobra de defraudación o estafa.
Frente a esta imputación, el abogado defensor interpuso un reclamo directo para tener acceso inmediato al documento original en su formato íntegro. El petitorio incluye el examen detallado de anexos, sellos, membretes, firmas y cualquier alusión explícita a un número de matrícula profesional. La defensa sostiene que la fiscalía debe determinar con exactitud qué elemento de la pieza sería materialmente falso, marcando una estricta diferencia entre una presunta irregularidad en las habilitaciones administrativas y la falsificación material de un documento
Pasos procesales y eventual declaración indagatoria
En lo referente a la acusación por presunta estafa vinculada a dicho pago de $30.000, la defensa solicitó que se reciba testimonio a la persona que contrató la prestación para esclarecer el tenor de la contratación. El escrito exige precisar qué manifestaciones verbales o escritas se le hicieron a la contratante sobre las credenciales de Roh, cuáles fueron las tareas técnicas desarrolladas y de qué manera se habría producido un perjuicio económico real. Para la defensa, los servicios fueron efectivamente prestados conforme a la formación informada.
Tras la formulación de esta serie de petitorios, la causa judicial entra en una etapa decisiva de producción de prueba dentro de la UFI N.º 15. Fuentes cercanas al fuero penal de La Plata confirmaron que no se descarta que T.S.R. se presente a declarar en los próximos días. La acusada evaluaría ampliar en persona sus argumentos ante la fiscal Cecilia Corfield para ratificar públicamente su versión de los hechos, reafirmar el pedido de sobreseimiento total o parcial y procurar el cierre definitivo de las actuaciones penales en su contra.
