La causa que investiga una denuncia por abuso sexual contra ex jugadores de Vélez Sarsfield atraviesa por estas horas un momento decisivo. Los abogados de la joven denunciante solicitaron ante la Justicia tucumana la detención y prisión preventiva de José Ignacio Florentín Bobadilla, al considerar que su accionar posterior a la denuncia habría generado nuevos daños y tensiones en el proceso.
Vale recordar que José Florentin jugó este año en Central Córdoba, equipo con el que disputó la Copa Libertadores y que al ser de Santiago del Estero está ligado al tesorero de AFA Pablo Toviggino y a donde llegó a pesar de tener esa denuncia y por la cual Vélez lo había dejado libre junto a los otros futbolistas acusados.
El planteo fue presentado ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y de Género N° 1, a cargo de la fiscal Adriana Reinoso Cuello, y se apoya en una serie de hechos que, según la querella, exceden el marco habitual de una estrategia defensiva y derivaron en una situación de revictimización para la mujer.
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La investigación se inició tras la denuncia de una periodista que señaló haber sido víctima de un ataque sexual en un hotel de Tucumán, luego de un encuentro futbolístico. Además de Florentín, la causa involucra a los futbolistas Sebastián Sosa, Abiel Osorio y Braian Cufré, todos con pasado en Vélez Sarsfield.
En el escrito judicial, la representación legal de la denunciante sostuvo que existieron interpretaciones forzadas de testimonios, así como cuestionamientos a pruebas ya incorporadas al expediente, que habrían tenido como consecuencia un clima de presión constante sobre la víctima y los testigos. Uno de los puntos señalados refiere al uso parcial de declaraciones, cuyo sentido original —según la querella— fue alterado.
También se mencionó el debate en torno a las filmaciones del hotel donde habría ocurrido el hecho. Desde la acusación se indicó que los responsables del establecimiento ratificaron que el material fue resguardado bajo protocolos formales y entregado a la fiscalía de manera regular, descartando accesos indebidos o maniobras irregulares.
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Más allá de las cuestiones técnicas, el pedido de prisión preventiva pone el acento en el impacto emocional que atravesó la denunciante durante el avance del proceso. De acuerdo con su abogada, la joven sufrió un profundo desgaste psicológico, expresó temor, angustia y la sensación de no estar debidamente protegida frente a la exposición pública y judicial de su intimidad.
En una manifestación formal, la mujer relató cómo la causa afectó su vida cotidiana, sus vínculos personales y su vocación profesional. También expresó su preocupación por el alcance que tuvieron las contra-denuncias y el modo en que, según percibe, estas incidieron en su estabilidad emocional.
Para la querella, las medidas de restricción dispuestas hasta el momento no lograron contener la situación, motivo por el cual solicitaron que se endurezcan las condiciones procesales del imputado y se ordene la prisión preventiva, con el objetivo de que la causa pueda avanzar sin interferencias hacia la instancia de juicio oral.
“El desafío de la Justicia es garantizar el derecho de defensa sin que eso implique un nuevo daño para quien denunció”, señalaron desde el entorno legal de la víctima, en una causa que continúa bajo análisis y con definiciones clave por delante.
