En el marco del “Plan de Recupero Judicial del Fentanilo Contaminado”, que contempló el desarrollo de operativos en distintos puntos del país a lo largo de los últimos seis meses, se recuperaron más de 82 mil ampollas de fentanilo contaminado.
Los allanamientos, realizados por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), se llevaron a cabo en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe, a partir de las denuncias por las muertes vinculadas al mencionado opioide, que alcanzaron al menos las 173 víctimas fatales, en lo que se considera una de las mayores tragedias sanitarias de los últimos años en nuestro país.
Vale recordar que la causa comenzó hace medio año, cuando la Justicia inició la investigación a raíz de las primeras denuncias recibidas por posibles muertes ligadas al fentanilo. En ese sentido, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) radicó una denuncia ante la División Delitos contra la Salud Pública de la PFA, alertando sobre irregularidades cometidas por alguno de los laboratorios proveedores.
En ese marco, tras las pesquisas ordenadas por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, se constató que los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., ambos propiedad del empresario Ariel García Furfaro (actualmente detenido y procesado), fueron los que distribuyeron el fentanilo adulterado con bacterias.
Asimismo, se detectó que 187 droguerías, sanatorios y clínicas tenían vinculación con la distribución del opioide y que 40 de esos establecimientos habían recibido ampollas pertenecientes a los lotes comprometidos.
En consecuencia, tras la realización de los operativos y el secuestro de las 82 mil ampollas, el material requisado quedó al resguardo, bajo custodia, en las instalaciones de la ANMAT, así como también fue puesto a disposición del juez Kreplak.
El papel de la ANMAT
Si bien la ANMAT fue quien denunció ante la División Delitos contra la Salud Pública de la PFA, cabe mencionar que ese organismo detectó irregularidades en el laboratorio Ramallo durante una inspección realizada entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024, seis días antes de la producción del fentanilo adulterado que provocó las muertes.
En ese escenario, la presentación formal del informe se concretó en febrero de este año, y en el mismo se señaló que “fueron detectadas deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores en la Gestión del Sistema de Calidad Farmacéutico (validación de procesos, documentación, entre otros), en Producción, en Recursos Humanos, en Depósitos, en Control de Calidad, entre otros”, y que “los incumplimientos comprometen la calidad, seguridad y eficacia de los productos elaborados”.
La ANMAT dispuso que el laboratorio no podía continuar su actividad productiva hasta corregir las deficiencias y obtener la Carta de Cierre correspondiente, documento que debía contemplar acciones correctivas y presentarse en un plazo máximo de 10 días hábiles para su evaluación por el Instituto Nacional de Medicamentos y la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgos. Sin embargo, eso no ocurrió y, pese a las advertencias, días después se produjo el fentanilo adulterado.
Esta situación generó cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades de la ANMAT por no haber clausurado los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., lo que, según fuentes vinculadas a la investigación, podría haber evitado las muertes provocadas por las ampollas contaminadas.
