Las universidades públicas decidieron ir a la justicia ante el incumplimiento del gobierno de Javier Milei con la Ley de Financiamiento pese a la insistencia aprobada por ambas cámaras del Congreso que dejó firme la norma.
Es que como ocurrió con la ley de Emergencia en Discapacidad, la gestión libertaria promulgó la norma pero no está decidido a no aplicarla porque considera que no tiene los fondos para ser ejecutada.
Ante la inédita situación, el Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó judicializar el caso para “exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795)”.
La noticia se conoció este miércoles tras una cumbre de las autoridades universitarias en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
“Un decreto no puede suspender una ley”
A través de un comunicado, el presidente de este Consejo, Oscar Alpa dijo que “40 años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, subrayó.
“Un decreto no puede suspender una ley”, completó el decano anfitrión, Leandro Vergara, asistente en representación de la UBA.
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“Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”, agregó el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci.
El presidente de la nación había vetado la norma aprobada originalmente en agosto y el 2 de octubre la oposición logró ratificarla.
Hoy la ley fue promulgada pero suspendida, cuestión que “viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos”, afirmó Vergara.
“Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta y corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, cerró Bartolacci.
