Guillermo Castello, diputado de La Libertad Avanza, presentó un proyecto que busca modificar la Ley 11.420, la cual regula el financiamiento de cooperativas de producción y trabajo orientadas a personas con discapacidad, exdrogadictos, exalcohólicos y egresados de Institutos de Menores. Según su propuesta, estas instituciones solo podrían recibir dinero directamente asignado en la Ley de Presupuesto anual.
Actualmente, el Fondo para la Reinserción Social Productiva se integra con partidas del presupuesto, donaciones y subsidios gubernamentales, facilitando la conformación y el desarrollo de estas cooperativas. La iniciativa de Castello restringiría este esquema, limitando la financiación a recursos estrictamente presupuestarios.
En los fundamentos del proyecto, el diputado argumenta que la modalidad actual de subsidios podría ser utilizada para desviar fondos de manera ilícita. “Es sabido que la existencia de fondos específicos, fideicomisos y asignaciones directas son causa de múltiples operaciones que en varios casos derivan en corrupción”, afirmó el legislador oriundo de Mar del Plata en los fundamentos del proyecto.
Además, Castello sostiene que la Legislatura debe asignar los fondos con cautela, priorizando las necesidades de la mayoría de la sociedad, ya que estos provienen de impuestos y endeudamientos futuros.
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Según la ley vigente, el Fondo para la Reinserción Social Productiva es administrado por el Ministerio de Salud bonaerense y contempla la participación de los integrantes de las cooperativas y organizaciones sociales. Esto garantiza que quienes desarrollan los emprendimientos tengan voz en la gestión de los recursos.
En la actualidad, la provincia de Buenos Aires concentra cerca del 27% de las cooperativas del país, de ese total, aproximadamente el 60% corresponden a cooperativas de trabajo que operan en distintos sectores como manufactura, servicios, agro, reciclado y tecnologías.
El gobierno de Axel Kicillof implementa programas para fortalecer estas instituciones. Por ejemplo, Cooperativas en Marcha, a cargo del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), brinda financiamiento, capacitación y acompañamiento a las cooperativas.
Asimismo, el programa CASA (Centros de Acompañamiento Sociocomunitario en Adicciones) desarrolla talleres productivos, alimentarios y textiles en territorio, colaborando con cooperativas locales y fomentando la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad.
