La postergada obra de saneamiento integral del Río Salado, tras años de parate, pareció encaminarse hace pocos meses hacia su concreción final, a partir de un acuerdo entre la Nación y la Provincia para dividirse tramos de las obras que le pueden dar previsibilidad a la producción en un área de cientos de miles de kilómetros cuadrados de pampa fértil.
A fines de diciembre del año pasado, el Ministerio de Infraestructura recibió las ofertas de ocho conglomerados empresariales, varios de ellos muy cercanos al presidente Mauricio Macri, como los de Caputo, Mindlin y Calcaterra, y otros salpicados por denuncias de corrupción, como el caso de la brasileña Queiroz Galvao.
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Esa firma, que opera desde 2011 en nuestro país, presentó, junto a su socio local, Centro Construcciones, la mejor oferta en términos económicos financieros, y se encamina a obtener la licitación. Tal es así que la Provincia ya tramitó ante el Banco Mundial –que financia la obra- la “no objeción” para terminar con el proceso de adjudicación.
Sin embargo, no parece que el trámite vaya a resultar sencillo, por una serie de razones. La primera es que la oferta de la UTE que capitanea Queiroz Galvao está, según le confiaron fuentes con acceso a los expedientes a este portal, entre 10 y 15 por ciento por debajo de las de sus competidoras, lo que pone bajo la lupa su sustentabilidad. “Es precio vil”, aseguran los observadores.
No es el único motivo para sospechar que Queiroz Galvao no pueda cumplir con su propuesta. La empresa tiene un delicado presente desde lo económico financiero. En Brasil está inhabilitada para trabajar hasta el año 2022. Además enfrenta juicios, embargos y sus principales directivos están tras las rejas. También en Perú quedo en la mira de la Justicia, por ese mismo tipo de prácticas.
Para sortear esos impedimentos, Queiroz Galvao se presentó en la licitación del Salado como una “filial local” de la empresa madre, con lo cual se desligó del escándalo y de la comprometida situación financiera. Pero no dudó en poner esa relación como antecedente que avalara la experiencia y la capacidad de llevar a cabo la obra.
Quienes conocen los manejos financieros de gigantes de la construcción como el del caso que nos ocupa temen que la firma brasileña no esté interesada en concretar la obra sino en “acumular” contratos que “enmascaren temporalmente su real estado económico y eleven su rating financiero”.
Sólo en nuestro país, QG ofertó para construir las obras de la Planta Potabilizadora General Belgrano y para la Ruta 34, a la altura de Jujuy.
Sólo la intervención de funcionarios de Infraestructura, empezando por el Ministro Roberto Gigante, pueden prevenir que el anhelo de sanear de una vez y para siempre el bravo Río Salado no se transforme en un nuevo motivo de decepción de parte de los necesitados habitantes del interior bonaerense.
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