El gobierno de Javier Milei prepara el terreno para la “revisión tarifaria” del servicio eléctrico y gas natural. Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) declarará la emergencia del sector eléctrico en los segmentos de generación, transporte y distribución durante un año.
Según anticipó Télam, la letra chica de la norma, que será publicada en el Boletín Oficial, plantea que hay “una efectiva situación de emergencia que debe ser reconocida y así declarada”.
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“Resulta necesario adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y asegurar el suministro” se lee.
La emergencia tendrá, en principio, vigencia hasta el 31 de diciembre y le da facultades a la Secretaría de Energía para que habilite “la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios”.
También pone en marcha la “revisión tarifaria” cuya entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes “no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024”.
Hay que destacar que el ministro de Economía, Luis Caputo, ya adelantó que se buscará recortar los subsidios a la energía como al transporte, que implican un gasto equivalente al 0.5 por ciento del PBI.
“Queremos cambiar el enfoque de que, en vez de subsidiar la oferta, se va a ir a un enfoque de subsidiar la demanda, entonces se le va a decir a la gente que tiene cierta cantidad de kilowatts para gastar por mes. Si estás dentro de ese gasto, vas a estar dentro del subsidio, sino se va a empezar a pagar otra tarifa”, declaró recientemente.
En la Provincia de Buenos Aires, el escenario está desdoblado. Las acciones que tome el gobierno nacional podrán tener impacto en el Conurbano, donde la distribución está a cargo de Edenor y Edesur. En el resto del territorio, las áreas de concesión, a cargo de distribuidoras como EDELAP, EDEN, EDES, EDEA y cooperativas, es regulada por el gobierno provincial.
Se sabe que la política de Axel Kicillof no va en el sentido de la desregulación de precios ni de la quita de subsidios. Sin embargo, el margen de las cuenfas provinciales para afrontarlo es menos que finito.
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