La repercusión que tuvo la intención de un fiscal de La Plata de cambiar el paradigma de la lucha contra las amenazas bomba en las escuelas, fue inversamente proporcional a su aplicación concreta y su vigencia. Luego de proponer no evacuar los colegios y de unas horas de incertidumbre, el propio funcionario debió retactarse y el desalojo automático sigue vigente.
Frente a estas ideas y vueltas, según pudo reconstruir INFOCIELO, la Dirección General de Cultura y Educación, que conduce Gabriel Sánchez Zinny, continuará implementando sus protocolos de seguridad para casos de intimidación pública a través de llamadas telefónicas al 911.
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Con fecha de este viernes, Álvaro Garganta, titular de la UFI 11 platense, donde se aclara: “La nota del 9 de agosto de 2018 estaba dirigida a la policía provincial y como no podría ser de otra manera es sin perjuicio, de las medidas y/o utilización de protocolos, que la Dirección de Escuelas a su digno cargo estime pertinente tomar ante estos eventos, en los establecimientos que resultan amenazados”.
Como ya informó este portal, Garganta había dispuesto anteriormente que, durante su turno hasta el 15 de agosto, frente a un llamado al 911, “la actuación policial” sólo “se limitara a convocar de inmediato a los técnicos de explosivos, a los fines de realizar una inspección sobre el lugar”.
Foto: El Día.
Según la ‘doctrina Garganta’, la opción de sacar a los alumnos a la calle sólo quedaría para los casos donde los especialistas encontraran algún material que fuera necesario explotar, se procederá entonces a realizar el usual “perímetro y la evacuación del edificio”.
El fiscal no recomendaba iniciar el operativo de prevención cuando “el único elemento probatorio que acredite la verosimilitud de esto sea la llamada recibida, esto es, que ni las autoridades, ni el personal, ni el alumnado ha percibido en el edificio ningún paquete, bulto u objeto extraño, no se ha visto ingresar o salir personas u automóviles ajenos al edificio y/o cualquier otra circunstancia excepcional”.
Fuentes de la fiscalía consultadas por INFOCIELO le buscaron bajar el tono a la propuesta de Garganta y hablaban de que el objetivo era avalar a los directivos en el caso de que considerasen más trastorno sacar los alumnos a la calle que revisar las aulas sin semejante movimiento. “Es hacerle el caldo gordo y ser funcional a los delincuentes”, habían dicho.
Cada operativo de la División de Explosivos le sale al Estado entre 20 y 30 mil pesos. En 2017, está modalidad de delito aumentó 620% con respecto a 2016, de 480 pasaron a 3800 en 2017. Quince días antes de los comicios de medio término (22 de octubre) se llegaron a contar hasta 200 amenazas en una semana. En 2018, la tendencia es la misma, principalmente, en la ciudad capital.
Además, la subsecretaría de Educación provincial llegó a detectar “focos” de casos en distritos como Quilmes, Morón, Lanús y Berisso. La subsecretaría de Educación provincial llegó a detectar “focos” de casos en distritos como Quilmes, Morón, Lanús, La Plata y Berisso.
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