La polémica respecto a las vacunaciones clandestinas –o “vacunas VIP”, como se conoció- ya es un conflicto que atañe a los municipios bonaerenses. Luego del escándalo que salpicó al gobierno de Alberto Fernández, quien decidió echar a su exministro Ginés González García luego de que se conociera una lista de vacunados ilegalmente, la trama también repercutió al interior de la provincia, específicamente en Tandil.
En ese distrito, un vecino radicó una denuncia apuntando a tres funcionarios que habían sido vacunados sin turno. Rápidamente, el gobierno de Miguel Lunghi (Juntos por el Cambio) se pronunció al respecto y aseguró que todos ellos habían sido inoculados con la vacuna por desempeñar trabajos esenciales. Pero uno de ellos, quedó expuesto por el gobierno de Axel Kicillof.
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Se trata del ex jefe de Gabinete muncipal, Julio Elichiribehety, a quien Provincia aclaró que no había dado la orden de vacunarlo. El ex funcionario es hoy el responsable de las Casas de Contención, en donde habitan muchos menores de edad y otras personas en situación de emergencia. Las casas son parte del Organismo Provincia de la Niñez y Adolescencia, que depende a su vez del ministerio de Desarrollo a la Comunidad que conduce el ministro Andrés “Cuervo” Larroque.
“No hubo ninguna orden de vacunación por parte del Ministerio”, aseguraron fuentes de Gobernación al medio local, El Eco. El hecho profundizó la tensión entre el gobierno provincial y el municipio, que durante gran parte del 2020 atravesaron una conflictiva relación respecto a cómo administrar la cuarentena.
El intendente Lunghi decidió desafiar a Kicillof y se apartó del sistema de fases que había implementado Provincia, siendo así el único municipio en desafiar las órdenes de Gobernación, dentro de los 135 que conforman el territorio bonaerense. Para peor, los resultados del sistema de “Semáforo” que aplicó el intendente radical, fue un fracaso y los contagios de coronavirus se elevaron en cuestión de días.
Además de Elichibehety, otros dos funcionarios municipales quedaron en la mira. Pero lo cierto es que todo parece indicar que se vacunaron en buena ley.
Se tratan de Roberto Pérez, secretario privado del Intendente, quien también fue considerado personal de salud por integrar el Sistema Integrado de Salud del municipio.
“En virtud de ello, asiste regularmente a las instalaciones del Hospital y otras áreas del Sistema a fin de asesorar y sugerir acciones en materia de mantenimiento, obras y otras intervenciones. Por consiguiente, se lo ha considerado personal de salud”, explicaron desde el municipio.
Por otra parte, también se mencionó el caso de Patricia Rizzardi, quien se desempeña en la Casa de Abrigo y es contacto estrecho de muchas mujeres víctimas de violencia de género.
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