Esta tarde, los legisladores nacionales Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau y Marcelo Fuentes denunciaron penalmente al presidente de la Nación Mauricio Macri y a los representantes de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en el marco de una operación de inteligencia que habían realizado funcionarios de la Agencia para presionar al juez Luis Carzoglio, quien debía detener a Pablo y Hugo Moyano.
Insólitamente, recayó en el juzgado federal 12 de la Capital Federal, que regentea Sergio Torres, el candidato de María Eugenia Vidal para desembarcar en la Suprema Corte bonaerense.
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Con el correr de las horas, se confirmó que también Hugo Moyano recurrirá a la Justicia para que se esclarezca el hecho. Sólo que en su denuncia, que se presentó en la Justicia Federal, dejó hecha la reserva para una demanda civil en la que reclamará 100 millones de pesos. Los Moyano responsabilizan a Macri por el espionaje ilegal en su contra, y le endilgan tráfico de influencias y sustracción de caudales públicos.
Ambas denuncias tienen origen en la causa de una red de espionaje ilegal que se desprendió de la detención de Marcelo Sebastián D´Alessio por parte del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Su teléfono mostró el vínculo con el fiscal Carlos Stornelli, así como también con funcionarios del gobierno nacional y de integrantes de la AFI.
Esto último se terminó de confirmar cuando el arrepentido y ex AFI, Rolando Barreiro, declaró frente al juez Alejo Ramos Padilla y aseguró que Arribas estaba al tanto de un intento de presión hacia el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Luis Carzoglio, quien tenía en sus manos la posibilidad de detener a los sindicalistas Pablo y Hugo Moyano, claros opositores del gobierno de Macri.
“Mire, le vamos a hacer las cosas sencillas. Le vamos a mandar un borrador de una resolución de detención de Pablo Moyano para que usted lo firme. Le va a llegar dentro de un rato”, fue lo que escuchó Carzoglio de parte de los miembros de AFI, Juan Sebastián De Stefano y Fernando Di Pasquale.
Las declaraciones de Carzoglio a fines del año pasado, ya habían mostrado una eventual intervención del Servicio de Inteligencia en las decisiones de la justicia, pero luego de la exposición de Arribas y Majdalini en la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso, sus declaraciones comprobaron que se habían enviado a dos funcionarios para hablar con el juez.
Arribas especificó que eso se había ordenado para saber “si el juez iba a detener o no a Pablo Moyano” y así poder anticipar una posible reacción en las calles. Pero según el propio Carzoglio, los agentes de la AFI pidieron expresamente la detención de los sindicalistas. “El presidente está obsesionado con la detención de Pablo Moyano”, le aseguraron en la reunión con el ahora desplazado magistrado, según informó Página12.
Ahora, la denuncia realizada por los integrantes de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, será investigada por la fiscal federal Paloma Ochoa y el juez Sergio Torres titular del juzgado Federal 12.
Está cada vez más claro, que la investigación del juez Ramos Padilla se vinculan cada vez más con el gobierno de Macri, por ahora, a partir del funcionamiento de la AFI.
Ahora resta saber si la Agencia de Inteligencia estaba al tanto de las tareas paraestatales que llevaban a cabo D´Alessio y el círculo de poder que lo protegía.
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