Tras los incidentes en el predio de Guernica, o incluso la más reciente la situación que se da en el “tambo tomado” entre la ciudad de Guaminí y el Balneario Cochicó, del partido de Guaminí; las tomas de tierras, urbanas y rurales, continúan siendo “una problemática en ascenso que necesitaría una rápida respuesta” por parte del Gobierno provincial, según entienden los impulsores de las modificaciones aprobadas.
La principal fuerza opositora es la que vino trabajando la cuestión y fue capaz de lograr un discreto consenso con el oficialismo para la aprobación por unanimidad el proyecto de ley contra inmuebles usurpados presentado por los senadores Juan Pablo Allan y Leandro Blanco.
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No obstante, ahora la iniciativa deberá ser considerada por los Diputados para proseguir con el trámite parlamentario y eventualmente encontrar su sanción.
Ante la necesidad de corregir “la lentitud de los mecanismos procesales” y evitar que las usurpaciones “se consoliden”, es que se presentó esta iniciativa que propone modificar el artículo 231 del Código Procesal Penal bonaerense.
Los legisladores entienden que en la normativa vigente se complejiza el modo en que se concretan las tomas de terrenos, y advierten sobre “medidas y acciones dilatorias”, que permitirían una mayor permanencia y hasta la venta de tierra, en forma irregular, “a otras víctimas del mismo delito”.
A través de la modificación propuesta, el fiscal, la víctima o el particular damnificado podrán solicitar al juez la restitución del inmueble y esto deberá resolver la restitución de la posesión o tenencia del inmueble cuando el derecho fuera verosímil, en un plazo de 72 horas.
Así, la norma cuya modificación se postula, prevé expresamente la restitución del inmueble en casos de usurpación, colocando bajo responsabilidad del juez competente “la disposición del reintegro provisional e inmediato de la posesión o tenencia del bien inmueble que haya sido objeto del delito de usurpación”.
También se señala que, más allá de los elementos aportados, los senadores estarían buscando dar “una señal clara a la Justicia y al Gobierno provincial en aras de proteger el derecho de propiedad, y desalentar a su vez que este delito siga en crecimiento”, en una provincia que “sufrió usurpaciones de 4.300 hectáreas solamente entre los meses de julio y agosto”.
El senador Leandro Blanco, autor del proyecto detalló que se “busca otorgarle a la Justicia las herramientas necesarias para que resuelva rápida y eficazmente las solicitudes de restitución de inmuebles”.
“Hay que ser categóricos: la usurpación es un delito y como tal exige que el Estado actúe; reconocemos que hay un problema habitacional, pero tolerar la toma de tierras no soluciona el problema, sino que lo agrava”.
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