Dos semanas después del anuncio, el Gobierno Nacional oficializó la reforma migratoria con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366. Se trata de una extensa norma que aplica cambios, más de 40, en cuatro leyes distintas. Lo llamativo es que le da más poder al Ministerio de Economía.
Efectivamente, llegando al final de la norma el Gobierno Nacional modificó un artículo de la Ley de Ciudadanía. Desde ahora, pasan a ser considerados “ciudadanos por naturalización” a quienes acrediten “haber realizado una inversión relevante”. Para cumplir con este artículo, Luis Caputo va a establecer “qué inversiones serán consideradas relevantes” e incluso podrá “establecer proyectos específicos de inversión”.
A esto le sumaron la creación de un nuevo organismo en el ámbito del Ministerio de Economía: la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. Según el DNU, será un organismo descentralizado liderado por un director ejecutivo encargado de “diseñar, gestionar, y controlar los programas de ciudadanía por inversión”.
Al Gobierno Nacional le urge que el sector privado empiece a invertir en el país. Esa necesidad, expresada la semana pasada en un supuesto Plan de Reparación Histórica de los Ahorros, llegó hasta la reforma migratoria. Tal es así que en medio de un recorte generalizado de los derechos de los migrantes colaron un programa para canjear ciudadanías por inversiones.
La reforma migratoria
Por fuera de esa particularidad, el DNU aplicó 42 modificaciones: 34 a la Ley de Migraciones, 6 a la de Ciudadanía, una a la Ley Nacional de Educación y otra a la de Educación Superior. Como se había anunciado, la idea es que los extranjeros empiecen a pagar por servicios públicos gratuitos como el de salud o la universidad.
- Cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazado por las autoridades migratorias. Y quienes sean encontrados en flagrancia ingresando por pasos no habilitados serán inmediatamente expulsados.
- Todo aquel que sea condenado por cometer un delito será deportado, sea el delito que sea.
- Los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud. También se habilitará a las Universidades Nacionales a cobrar sus servicios, si así lo desean.
- Van a ser más severos los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía Argentina, que solo se va a otorgar a quienes residan de forma continua durante dos años en el país, sin abandonar el territorio nacional.
