A comienzos del 2022, la Sociedad Rural Argentina (SRA) dio inicio a una serie de presentaciones judiciales para la eliminación del cobro de las retenciones a partir de la presunción sobre el vencimiento de las facultades que tenía el Poder Ejecutivo de instalar el cobro del tributo y la existencia de un “vacío legal”.
La primera señal contra el planteo, llegó este martes con un fallo del Juzgado Federal de contra una acción de amparo de la Sociedad Rural de esa ciudad.
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La entidad, había solicitado la “declaración de inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación a los productos agropecuarios a partir del 1 de enero del año 2022” y la de “cualquier disposición reglamentaria en la cual se pretenda sustentar ese reclamo tributario”.
En línea con los planteos nacionales, la Sociedad Rural de Río Cuarto consideraba que, “desde el 1° de enero pasado, las retenciones ya no son aplicables por no haberse extendido la ley vinculada a la emergencia económica de 2019 porque el Congreso de la Nación no aprobó el último presupuesto de 2022 que incluía, entre otros puntos, una prórroga de una potestad al Poder Ejecutivo para la aplicación de los derechos de exportación”.
Para la Justicia, “no estaban presentes los requisitos para tramitar el caso como proceso colectivo”. Esta situación, se produce debido a que la Sociedad Rural de Río Cuarto “no cuenta con legitimación para sustentar el reclamo judicial”, de acuerdo al fallo publicado por el sitio Palabras del Derecho. En otros términos, que no existe “legitimación activa a los accionantes como para interponer el amparo”.
Para el juez existe en la presentación de la entidad, “un nivel de generalización con la consecuente heterogeneidad de situaciones, que imposibilitan su calificación bajo la naturaleza jurídica del proceso colectivo que pretenden los amparistas” al invocarse la representación de “todos los productores agropecuarios del país”.
La judicialización de las retenciones y el inicio de la escalada del conflicto con el Gobierno
La acción judicial anunciada por la Sociedad Rural se produjo a comienzos de febrero, cuando la relación con el gobierno estaba tirante y ya se barajaba la posibilidad de crear una Empresa Nacional de Alimentos.
La decisión de las autoridades de cerrar las exportaciones de porotos y harina de soja, tomada semanas más tarde y las sospechas de las entidades sobre una posible extensión a otros cultivos, acrecentaron las disputas y las protestas.
Sobre ese escenario, la Mesa de Enlace buscó llevar la discusión al Parlamento y se abroqueló con legisladores de la oposición.
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