El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, firmó este miércoles un convenio marco de cooperación para la lucha contra la trata de personas con fines de explotación laboral con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
La rúbrica estuvo encabezada por el ministro Correa junto al secretario General de la UATRE, José Voytenco, el director del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Gustavo Vera, y la diputada provincial Natalia Sánchez Jáuregui.
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De esta forma, las partes acordaron trabajar de manera conjunta y articulada para hacer frente múltiples actividades delictivas asociadas a lo laboral, como la reducción a la servidumbre, privación ilegítima de la libertad y otras violaciones a los derechos humanos bajo distintas formas de violencia, que aún se encuentran presentes en el campo argentino.
De acuerdo a lo informado por la Provincia, el convenio “permitirá una mejor capacitación de las y los trabajadores del MTPBA, en especial de quienes integran el cuerpo de fiscalización, y la calendarización de las inspecciones preventivas y focalizadas”.
Además, señalaron que “se podrá avanzar en la elaboración de un plan de trabajo en el ámbito de la Provincia, poniendo especial atención en aquellas ramas de la producción que requieren mano de obra intensiva, y/o aquellas que ya tienen denuncias de temporadas anteriores, al tiempo que se consensuó organizar una mesa de trabajo con las y los referentes que cada organismo que suscribieron el convenio para su ejecución, como así también realizar el seguimiento correspondiente de las actividades consensuadas.”
Tierra fértil para la explotación
El sector agropecuario argentino ha sido a lo largo de la historia un lugar que concentró gran cantidad de los delitos de explotación laboral registrado. En octubre pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) documentó 920 casos de trabajadoras con indicios de explotación laboral en los últimos dos años, de los cuales el 47% fueron registrados en la provincia de Buenos Aires.
Además, la AFIP informó que el sector productivo agropecuario concentraba gran parte de los casos notificados, en tanto que en las ramas de la horticultura y de la cosecha de papas representaron el 20% de los casos.
En relación a las situaciones encontradas por la AFIP, indicaron que los casos de explotación laboral se llevan adelante mediante mecanismos de captación, traslado y acogimiento de las futuras víctimas, como engaños, pago de haberes por debajo del salario mínimo, jornada más extensas que lo que permite la Ley de Contrato de Trabajo, precarias condiciones de seguridad e higiene, cobros con descuentos, libertad de movimiento restringida a partir por ejemplo de la sustracción del documento de identidad, entre otras.
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