La cruzada de Javier Milei contra las universidades nacionales continúa. Tras un año signado por el desfinanciamiento y los reclamos, el Gobierno Nacional anunció una especie de arancelamiento exclusivo para estudiantes extranjeros. Ahora volvió a la carga con un nuevo sistema de compras y contratos.
A través del Decreto 1092/24, la administración libertaria dispuso que las universidades deberán utilizar los sistemas de contratación electrónicos Compr.Ar y Contrat.Ar “en todas las contrataciones de suministros de bienes, prestaciones de servicios y demás”. El cambio publicado en el Boletín Oficial de este viernes entra en vigencia mañana.
Compr.Ar y Contrat.Ar son dos portales digitales puestos en marcha en el año 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri. En una primera etapa los usaron para contrataciones vinculadas a obras públicas, pero la idea era que termine alcanzando a todos los contratos del sector público nacional.
Ahora, en pos de “la transparencia y la debida rendición de cuentas en la utilización de los recursos públicos”, Milei decidió obligar a las universidades a usar ambos portales.
¿Complica los planes de Kicillof?
La novedad puso en alerta a todas las univerisdades nacionales porque deberán adaptarse rápidamente a la nueva normativa. También habrá que ver cómo impactan los cambios en los planes del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
El mandatario bonaerense anunció un programa de infraestructura universitaria en conjunto con 24 casas de altos estudios emplazadas en territorio bonaerense. Básicamente, el plan consiste en financiar obras inconclusas a través de convenios firmados directamente con las autoridades. En rigor, este procedimiento iría en contra del nuevo régimen de contratación.
Sin embargo, la nueva normativa establece que las instituciones deben usar los portales digitales para toda una serie de contratos enumerados en el inciso a del artículo 4 del Decreto 1023/01 (régimen de contrataciones de la administración nacional). Esto excluye a las obras públicas, concesiones de obras públicas y concesiones de servicios públicos y licencias por lo que, en principio, el plan de Kicillof puede seguir adelante.
La explicación de Sturzenegger
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dio más precisiones sobre la modificación. Según él, “se aumentan los niveles de transparencia en el uso de recursos públicos de universidades, organismos descentralizados y empresas públicas”.
Sucede que la modificación del Decreto 1092 no fue la única publicada en el Boletín Oficial. Con otras dos normas análogas, Javier Milei también le prohibió al Estado nacional que haga “contrataciones directas de bienes y servicios con universidades, facultades y entidades inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Economía Social.
La tercera modificación establece que todas las entidades de la administración pública deben utilizar el Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF). “Este sistema que se utiliza para la administración de los recursos públicos y la gestión de pagos promoverá la digitalización, seguridad y rapidez en los procesos“, consignó el ministro desregulador.
