Mientras políticos y empresarios cruzan miradas respecto de quién puede -o debe- hacer el mayor aporte para financiar la lucha contra la pandemia por COVID 19, desde la Coalición Cívica sacaron una idea que quedó al filo de la chicana.
El espacio que lidera Elisa Carrió se opone al impuesto a las grandes fortunas que prepara el peronismo y le contrapone un proyecto para utilizar los recursos embargados en causas por corrupción en el marco de la pandemia. La iniciativa fue presentada por el senador provincial de Juntos por el Cambio Andrés De Leo.
TE PUEDE INTERESAR
El legislador por la sexta sección presentó un proyecto que propone disponer el uso, mientras dure la emergencia sanitaria, de los bienes muebles, inmuebles y fondos líquidos embargados a ex funcionarios que se encuentren procesados por la justicia bonaerense en causas que investiguen presuntos hechos de corrupción.
“Resulta indispensable contar con la mayor cantidad de sitios adecuados y aptos para asistir a los pacientes infectados y para respetar el aislamiento digno y seguro. Y si bien las autoridades han actuado en forma preventiva, consideramos que son inciertas las consecuencias del virus”, sostuvo De Leo. Además, indicó que podrían ser destinados a la instalación de “hospitales de campaña, traslado de pacientes y equipamiento, o bien a la compra de insumos para atender las necesidades sanitarias”.
El proyecto llega a la Legislatura Bonaerense en medio del debate que propuso el Gobierno nacional en torno a la aplicación de un impuesto a los grandes patrimonios. Sobre eso, De Leo expresó a INFOCIELO que se oponen a una iniciativa que “bajo una causa buena propone un mal impuesto” y señaló la presencia de “un sesgo ideológico” en la propuesta.
Consultado sobre el monto que el Estado bonaerense podría acumular en caso de disponer de los bienes embargados en las causas por corrupción, desde la Coalición Cívica reconocieron que “no conocemos el dato” pero sí señalaron que existen causas en las que están procesados ex intendentes, ex funcionarios provinciales e, incluso, el ex gobernador Daniel Scioli.
“No necesitan estar condenados sino procesados y con bienes embargados por un juez”, dijo De Leo a este portal. Consultado sobre la posible violación de la propiedad privada al utilizar de bienes sin una condena firme, sostuvo que “es un tema sobre el que hay más de una interpretación” pero añadió que “siempre será el juez el que decida”.
La posición de la Coalición Cívica no es nueva en este contexto. El diputado Luciano Bugallo se presentó en los tribunales para impugnar una contribución especial que implementó el municipio de Castelli para crear un fondo que se destinará exclusivamente a la lucha contra el COVID 19.
La aventura tribunalicia no le fue favorable: el Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Dolores falló en su contra y dejó firme un antecedente para la idea que se cocina en el Congreso de la Nación.
TE PUEDE INTERESAR
