Parto respetado: buscan que durante la pandemia la Provincia adhiera a la Ley Nacional

En Argentina, desde 2004, existe una Ley Nacional de Parto Respetado. No es una normativa compleja, ni tiene aspiraciones ambiciosas: es una ley que, ni más ni menos, garantiza que las mujeres tengan el derecho a un parto natural, a estar acompañadas por la persona que elijan y a elegir la posición en la que quieren parir. Además, indica que las mujeres tienen el derecho de transitar su embarazo, parto y posparto siendo respetadas en todos los sentidos y de ser “protagonistas activas”, recibiendo información sobre los procedimientos que se les practiquen a ellas y a sus bebés.   

Y aunque Argentina es un país pionero en términos legales si se habla de parto respetado o humanizado, los índices de violencia obstétrica siguen siendo alarmantes. Los números de cesáreas sin motivo médico permanecen por encima del 15% máximo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtiendo que se realiza un 31% en el sector público y más de un 65% en el sector privado.

Es por eso que en la Legislatura bonaerense, buscan que la provincia de Buenos Aires adhiera a la Ley 25.929, como una herramienta para pelear en contra de una de las tantas prácticas violentas hacia las mujeres.

Fue la diputada Mariana Larroque, autora del proyecto, la que le contó a INFOCIELO qué significa que la Provincia adhiera a la normativa nacional. Y explicó por qué, si se trata de una ley que rige para todo el país, es necesario que haya un proceso legislativo provincial.

“Es una cuestión de interpretación. Con esta ley lo que sucedió es que las legislaturas provinciales fueron adhiriendo una a una y sólo Buenos Aires, Formosa y Catamarca quedaron sin adherir, aunque es una normativa nacional que debería, de por sí, regir para todo el territorio argentino”, señaló.

El proyecto -según confirmó la legisladora del Frente de Todos– ya comenzó a tratarse en comisiones y se espera que en la próxima sesión sea aprobado. Larroque, que además es la presidenta de la Comisión de Políticas Sociales de la Legislatura bonaerense, destacó la importancia de que la normativa sea sancionada en el contexto de la pandemia por el coronavirus y destacó que se encuentran en diálogo con distintas organizaciones que trabajan con mujeres que sufrieron violencia obstétrica,  y les han llegado denuncias de prácticas que se realizan usando como argumento los protocolos vigentes contra la pandemia.  

“Es cierto que es un contexto particular y que hemos tenido que cambiar prácticas habituales de todo tipo, lo que no podemos es retroceder en derechos conquistados”, expresó Larroque y remarcó que es posible cumplir con protocolos sanitarios sin incumplir la ley de Parto Respetado.

El parto como proceso fisiológico

Que la mujer haya perdido el derecho a elegir cómo parir cuando no existe un motivo médico que indique que no puede tener un parto fisiológico, “es un problema sistémico”, señala Mariana Larroque.

Es que durante años,  fue perdiendo soberanía sobre su cuerpo cuando de embarazos y partos se trata. La situación de nacimiento se ha vuelto un procedimiento de la medicina y no un proceso de la naturaleza de la mujer. Mucho menos aún, se contemplan los derechos del recién nacido, sobre quienes se realizan prácticas protocolares que tampoco cumplen las recomendaciones de la OMS.

Es por eso que los trabajadores de la salud que en la actualidad trabajan cumpliendo estas normativas en relación a los nacimientos y contemplando la ley nacional, aseguran que tuvieron que deconstruirse a ellos mismos y a su propia formación profesional, que no los preparó para una medicina respetuosa de los derechos de la mujer.

Y aunque remarcan que en la Provincia ya hay experiencias en hospitales públicos que trabajan con pautas y protocolos del parto humanizado, actualmente la suerte que corren la a mayoría de las mujeres –y sus bebés- queda librada a su propia voluntad/capacidad de búsqueda de información.

Por eso, la adhesión a la normativa nacional garantizará que las mujeres de todos los sectores del territorio bonaerense puedan acceder a un derecho que la voluntad política, esta vez, no permitirá que les sea negado.