Las calles frente al Congreso Nacional fueron el escenario de una represión brutal. Jubilados que exigían dignidad en sus pensiones e hinchas de fútbol que los apoyaban terminaron golpeados, gaseados y baleados con postas de goma por un operativo desmesurado de las fuerzas de seguridad. En medio de esta violencia estatal, el periodista de TN, Federico Wiemeyer, decidió enfocar su preocupación en otro asunto. “Me da mucha pena la Confitería El Molino”, escribió en la red social X.
No mencionó a los jubilados heridos. Tampoco hizo referencia a los hinchas que, en un acto de solidaridad inusual en un país donde las rivalidades futbolísticas son feroces, se unieron para defender a los más vulnerables. Mucho menos expresó inquietud por la salud del fotógrafo Pablo Grillo, quien terminó con fractura de cráneo tras recibir el impacto de una granada de gas lacrimógeno.
Wiemeyer solo se lamentó por la posible afectación de un edificio.
LA TRINCHERA DE TN
No se trata de un desliz. No es un comentario ingenuo. Es la actitud de un periodista que elegió su propia trinchera: la de la insensibilidad, la de la connivencia con el poder, la del desprecio por quienes sufren la represión.
Su frase no es solo un despropósito comunicacional, sino un reflejo de cómo cierta prensa se está convertiendo en cómplice de la estigmatización de la protesta social.
Wiemeyer no es un caso aislado. Su actitud es sintomática de un sector del periodismo que busca alinearse con la narrativa oficialista del gobierno de Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Una narrativa que deshumaniza a quienes se manifiestan, que los convierte en vándalos, en criminales, en “terroristas urbanos”.
En esa lógica, los heridos dejan de ser víctimas y se transforman en daños colaterales de un “orden” que debe imponerse a cualquier costo.
Pero la violencia ejercida este 12 de marzo no puede justificarse ni minimizarse. Los jubilados que salieron a la calle no lo hicieron por capricho, sino porque el gobierno los condenó a la miseria.
Desde diciembre de 2023 sus ingresos están pulverizados, habiendo perdido subsidios esenciales y empujados al límite de la subsistencia. Su lucha no es política; es una cuestión de supervivencia.
En este contexto, la frase de Wiemeyer no es solo cínica. Es cruel. Es un insulto a quienes terminaron en un hospital por atreverse a reclamar lo que les corresponde.
PERIODISMO COMO INSTRUMENTO DE DESLEGITIMACIÓN
Es el tipo de comentario que uno esperaría de un burócrata insensible, no de un periodista cuyo trabajo –al menos en teoría– es buscar la verdad y dar voz a los que no la tienen.
No sorprende que sus palabras sean aplaudidas por los sectores más reaccionarios. Para ellos, la protesta social es una amenaza, un estorbo, algo que debería ser erradicado con la fuerza del Estado.
Y para justificarlo necesitan voceros como Wiemeyer, que desvíen la atención de la brutalidad policial y la dirijan hacia el patrimonio arquitectónico o cualquier otro tema que ayude a minimizar lo ocurrido.
Pero el periodismo no debería ser eso. No debería ser una correa de transmisión de los poderosos, ni un instrumento para deslegitimar el derecho a la protesta. La indiferencia hacia la represión no es neutralidad; es complicidad.
Quizás Wiemeyer realmente sienta pena por la Confitería El Molino. Es posible que su preocupación por los edificios supere a la que tiene por las personas. Pero esa elección, esa priorización de lo material sobre lo humano, dice mucho más de él que de la protesta que decidió ignorar.
Y en tiempos donde la represión se normaliza, el silencio –o la distracción cómplice– es una forma de adhesión.
La pregunta es si Wiemeyer y quienes piensan como él van a ser recordados como periodistas o simplemente como propagandistas del poder.
