La jueza federal de Nueva York Loretta Preska formalizó el cierre de la instancia judicial en la que había condenado a la Argentina a pagar US$ 16.100 millones por la expropiación de YPF. La resolución incorpora al expediente el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que en marzo revocó la sentencia de primera instancia y dejó sin efecto la indemnización.
La decisión representa un avance clave para el país en uno de los litigios más costosos de su historia reciente. Sin embargo, el conflicto todavía no está completamente cerrado: Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos del reclamo, recurrió a la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar revertir el resultado.
El fallo que anuló la condena
El 27 de marzo, la Cámara de Apelaciones revocó la sentencia que Preska había dictado en septiembre de 2023. La mayoría del tribunal consideró que los reclamos indemnizatorios no podían prosperar bajo el derecho argentino y sostuvo que el estatuto de YPF no constituía, por sí solo, un contrato entre accionistas que habilitara el pago reclamado.
Además, confirmó la eximición de responsabilidad de la petrolera y dejó sin efecto la orden que contemplaba la entrega de acciones para satisfacer la condena. En junio, el tribunal rechazó un nuevo pedido de revisión presentado por los demandantes.
Con la resolución de Preska, el fallo de segunda instancia quedó formalmente incorporado al expediente de primera instancia. Se trata de un trámite que consolida la anulación de la condena, sin modificar lo ya resuelto por la Cámara.
La última carta de Burford
Los demandantes presentaron un recurso ante la Corte Suprema estadounidense para que revise el fallo favorable a la Argentina. El máximo tribunal deberá decidir si acepta intervenir, una facultad discrecional que no implica volver a discutir automáticamente el fondo del caso.
La parte argentina tiene plazo hasta el 2 de noviembre para responder la presentación. Si la Corte rechaza el pedido, la decisión favorable al país quedará firme en esta instancia. Si lo acepta, se abrirá una nueva etapa judicial.
El origen del juicio
La disputa comenzó en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió el 51% de YPF que estaba en manos de la española Repsol. Los accionistas vinculados al Grupo Petersen y el fondo Eton Park reclamaron que el Estado había incumplido el estatuto de la compañía al no realizar una oferta de compra por las acciones de los minoritarios.
En 2023, Preska les dio la razón y fijó una indemnización de aproximadamente US$ 16.100 millones. La Cámara de Apelaciones revirtió esa decisión al cuestionar la interpretación jurídica que sustentaba el reclamo.
En paralelo, el conflicto sumó otro frente: el CIADI, organismo del Grupo Banco Mundial, registró en septiembre un arbitraje iniciado por sociedades del Grupo Petersen contra la Argentina, bajo el tratado bilateral de inversiones entre el país y España.
Así, la Argentina consiguió dejar sin efecto la condena más gravosa del litigio en Estados Unidos, aunque todavía resta conocer si la Corte Suprema aceptará revisar el fallo y qué recorrido tendrá el arbitraje internacional.
