La Oficina Anticorrupción (OA) volvió a estirar el plazo que tienen los funcionarios para presentar sus declaraciones juradas patrimoniales. Es la segunda vez que se postergan las fechas límites en lo que va de gobierno libertario. ¿A qué se debe?
Originalmente, el plazo vencía el 30 de mayo, pero el 19 de abril se pasó para el 31 de julio. En ese momento, se marcó la necesidad de “brindar a los funcionarios declarantes un plazo factible” para completar los documentos de rigor. Ahora, con otra Resolución se volvió a postergar por otros dos meses: hasta el 30 de septiembre.
A primera vista, el nuevo argumento utilizado por el titular del organismo, Alejandro Melik, es incluso más insólito que el primero. Según la norma publicada en el Boletín Oficial, la postergación se debe a la modificaciones del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales que tratará hoy el Senado de la Nación.
Efectivamente, el paquete fiscal que ya fue aprobado en Diputados incorpora reformas en ambos tributos que entrarían en vigencia desde el periodo 2023, es decir, el ciclo abarcado por las primeras declaraciones juradas de los funcionarios que se incorporaron al Poder Ejecutivo Nacional con Javier Milei.
En este marco, la segunda postergación sería para que la AFIP adecúe los formularios a la nueva legislación que todavía no está sancionada y que, incluso, podría caerse.
Los libertarios deben sus declaraciones juradas
Gracias a las sucesivas postergaciones de la Oficina Anticorrupción, los funcionarios del nuevo gobierno vienen esquivando sus obligaciones. Vale recordar que, según la Ley de Ética Pública, están obligados a presentar su Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI) cuando inician sus actividades, actualizaciones anuales y cuando salen de la función pública.
Esta medida de transparencia se hace efectiva a través de formularios diseñados por la AFIP e incluye información tributaria.
