Un verdadero masazo recibirán, casi a modo de daño colateral, los 135 intendentes bonaerenses, una vez que se conozcan en detalle los números del Presupuesto provincial para 2019. Es que la transferencia de responsabilidades -subsidios y afines- que Macri delegó en las Provincias a pedido del FMI tiene su correlato “hacia abajo”: unos 10.500 millones que saldrán de las arcas municipales.
Unos 8 mil millones tienen que ver con la implementación de la “tarifa social” en la Provincia. Antes, esa responsabilidad corría por cuenta de la Nación. Ahora serán los intendentes -especialmente en el Conurbano- los que deberán afrontar ese nada despreciable peso.
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Pero a los 8 mil millones se deben sumar 2.500 millones en concepto de subsidios a las líneas locales de transporte, que el gobierno de María Eugenia Vidal trasladará a las comunas. La Provincia, como contrapartida, afrontará unos 25 mil millones que corresponden a los subsidios al boleto y al gasoil.
La Provincia pagará un bono a auxiliares para asegurar las clases tras las elecciones
Un bono remunerativo recompensará a los auxiliares que participen del operativo de limpieza de las elecciones, asegurando clases normales el lunes.
Desde el Gobierno adelantaron que ese monto se compensará con fondos extra que, por diferentes vías, les hará llegar la administración de Vidal a los municipios. Son unos 674 millones de pesos en concepto de retenciones -las “migajas” del Fondo Sojero-, mil millones por impuesto a los sellos y algo más de 700 millones por mayor coparticipación de tributos como el de débitos y créditos.
Otro gesto para los municipios tiene que ver con la implementación del Fondo Educativo, que crecerá un 49 por ciento. Para los distritos del interior, se permitirá que el 30 por ciento se destine con a educación no formal y otras actividades complementarias, y el 70 restante a obras. Para los del GBA, la totalidad del fondo deberá ir a infraestructura escolar.
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