La semana que viene se estrenará un documental sobre la situación de la empresa Vicentín, luego de las importantes deudas que contrajo a través de créditos durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, quien autorizó los créditos a través del Banco Central que presidía Rosendo González Fraga.
“Vicentín, de gran empresa a Gran Estafa” se presentará en forma simultánea en varios medios del país, y reúne voces, testimonios y documentos de políticos, periodistas y vecinos de la ciudad de Avellaneda, en Santa Fe sobre el endeudamiento y el desfalco de una de las principales empresas agroexportadoras del país y de la región.
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“Estafaron a productores, a trabajadores, a la banca publica y privada. Estafaron a 45 millones de argentinos, se robaron 1.300 millones de dolares y los fugaron a paraísos fiscales. Vaciaron las empresas y nos hicieron salir a la calle a defenderlos. Ellos son Vicentín”, promociona el documental, que anticipa que revelará la compleja trama de estafas que llevaron a la quiebra a la principal cerealera del país, con la aprobación de Mauricio Macri.
Uno de los entrevistados es el recientemente fallecido dirigente Fernando “Pino” Solanas, quien contó la relación entre Mauricio Macri, Juntos por el Cambio y Vicentín durante la etapa de endeudamiento de la empresa, específicamente a sobre el préstamo de U$D 1.600 millones que le otorgó el Banco Nación, sin ningún tipo de respaldo y que hoy la empresa no puede devolver.
“La relación con el macrismo fue muy estrecha, directamente con el presidente de la Nación. ¿Qué hacía el presidente de la Nación? Levantaba el teléfono y le decía a González Fraga, presidente del Banco Central, ‘hay canilla libre para los créditos de Vicentín’. Este mecanismo de ‘vos me das un favor Vicentín’, el favor era ‘vos dame dinero para la campaña y yo te voy a premiar facilitandote la obtención de los créditos que me estás solicitando’”, cuenta Pino Solanas.
En junio, la gestión de Alberto Fernández avanzó con la intención de intervenir la empresa para rescatarla de la quiebra, pero desde Juntos por el Cambio manifestaron su rechazo, convocaron a varias movilizaciones en plena pandemia, y finalmente el Gobierno se echó para atrás. Sin embargo, el problema se mantiene ya que la empresa no puede pagarle a los miles de acreedores y se mantiene la deuda por U$D 1.350 millones con productores agropecuarios, bancos estatales, privados, nacionales y extranjeros.
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