Otro caso de contaminación en la zona del noroeste de la Provincia de Buenos Aires tuvo impacto judicial en las últimas horas, cuando la justicia Federal pidió la indagatoria de seis directivos de una empresa agroquímica y ocho funcionarios por daños ambientales en San Nicolás.
Fue el fiscal Matías Di Lello, a cargo de la Fiscalía Federal de San Nicolás, quien le solicitó al juez federal de esa jurisdicción, Carlos Villafuerte Ruzo, que cite a prestar declaración indagatoria a seis directivos de la empresa agroquímica ATANOR S.A., y a ocho funcionarios de dos órganos de contralor provinciales. Asimismo, los imputó por su responsabilidad en la contaminación ambiental del río Paraná y el suelo de la zona, según informó el Ministerio Público Fiscal.
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Por casos como este en la zona ya se han emitido diversos fallos, la mayoría de ellos por casos en la localidad de Pergamino. Ahora, Di Lello les imputó a los seis responsables de la compañía haber contaminado el curso del río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire, mediante “el esparcimiento de partículas en el ambiente y el vuelco de efluentes al río, los que contenían residuos peligrosos categorizados como desechos” según la ley de Residuos Peligrosos.
Para el fiscal, esto puso en riesgo la salud pública y la de la población de los barrios Química y Ponce de León de esa ciudad del noreste bonaerense. Además, de acuerdo con las pruebas recabadas en la investigación, había presencia de atrazina en las muestras químicas del agua, y de cipermetrina y trifuralina en los muestreos del suelo.
Respecto a los cinco directores ejecutivos del organismo provincial de control, el fiscal les imputó “haber incumplido con la misión y función impuesta a los funcionarios de dicho organismo”. En su resolución, Di Lello planteó puntualmente lo que tiene que ver con la fiscalización, ejecución de la política ambiental y preservación de los recursos naturales.
Tras pedir el llamado a indagatoria de tres presidentes de un organismo de supervisión provincial por haber omitido cumplir con las disposiciones del Código de Aguas, consideró que “se abstuvieron de actuar con el objeto de procurar la preservación del agua y para la protección del medio ambiente y de los bienes públicos y privados del impacto dañoso del agua”, y que tampoco supervisaron ni vigilaron las actividades y obras correspondientes.
Así fue el caso que terminó con el llamado a indagatoria
El Ministerio Público Fiscal señaló que la investigación se inició el 3 de junio de 2014 por una denuncia de vecinos de San Nicolás que solicitaron que se investigara a la firma química por infracción a las leyes de Residuos Peligrosos y de Conservación de Fauna Silvestre, como así también por la comisión de delitos contra la salud pública.
En aquella oportunidad las y los denunciantes manifestaron que la empresa generaba escapes de gas, vertía efluentes líquidos contaminantes al río Paraná, tendía caños clandestinos, enterraba residuos tóxicos en las barrancas del río y las regaba con líquidos contaminados.
En las presentaciones, denunciaron que se abrían las compuertas de la laguna de afinamiento para su lavado y que eran evidentes las deficiencias edilicias y tecnológicas. Una de las partes más graves es que los denunciantes señalaron que sufrían daños en su salud y que se produjeron diversas muertes entre los habitantes del Barrio Química, que guardarían relación con la actividad contaminante de la planta.
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