La Fundación Faro, el think tank que dirige Agustín Laje, fue denunciada ante la Justicia federal junto al asesor presidencial Santiago Caputo, Cristian Auguadra y otros dirigentes y empresarios por presunto lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias.
La presentación fue realizada por integrantes de la organización “La Liga de la Justicia Social” ante el Juzgado Federal N° 7 bajo la figura de una solicitud de averiguación de delito, con el objetivo de que se investigue el origen de los fondos de la fundación y sus posibles vínculos con funcionarios y empresarios.
Según la denuncia, la Fundación Faro registró durante 2024 un incremento patrimonial que pasó de 12 millones de pesos a 4.394 millones, además de declarar ingresos por casi 5.000 millones de pesos bajo el concepto “Donaciones, cursos, talleres y prevención”. Los denunciantes sostienen que esos movimientos, junto con otros elementos, ameritan una investigación judicial.
En diálogo con INFOCIELO, el abogado de la UBA y uno de los denunciantes, Facundo Pérez Ernst, explicó que la presentación se apoya principalmente en investigaciones periodísticas publicadas por Chequeado sobre la situación contable de la fundación. “Quizás ese es el punto más fuerte de nuestra denuncia. Nosotros nos amparamos en esas notas de Chequeado que muestran irregularidades en los balances de la Fundación Faro, que así también lo detectó la IGJ”, sostuvo.
En ese sentido, agregó que el objetivo de la presentación no es probar de antemano la comisión de un delito, sino que intervenga la Justicia. “Lo que nosotros queremos es que un fiscal se meta e investigue esos balances y le pida explicaciones. La Fundación Faro habla de casi 5.000 millones de pesos en donaciones. Bueno, eso tiene que tener una explicación, que la tiene que dar a la Justicia”, afirmó.
El antecedente de las investigaciones de Chequeado
La denuncia toma como uno de sus principales antecedentes una serie de investigaciones publicadas por Chequeado. A fines de mayo, ese medio reveló que la Fundación Faro declaró ingresos por más de 5.000 millones de pesos en concepto de donaciones durante 2024 y que su patrimonio pasó de 12 millones a 4.394 millones de pesos en apenas un año.
Tras esa publicación, la Inspección General de Justicia (IGJ) requirió a la entidad que presentara el denominado Anexo XIII, un documento en el que deben identificarse los aportantes cuyas donaciones superan determinado monto.
Días después, Chequeado informó que la fundación entregó esa documentación, aunque la propia IGJ sostuvo que esos datos no podían hacerse públicos porque están alcanzados por el régimen de confidencialidad previsto en la Ley 25.246 de Prevención del Lavado de Activos.
En otra investigación, el mismo medio también informó que la marca Ratio Oficial, vinculada a Fundación Faro, invirtió más de 1.238 millones de pesos en publicidad política en Facebook e Instagram entre marzo de 2025 y junio de 2026.
Qué pide la denuncia
En la presentación judicial, los denunciantes solicitaron que se libre oficio a la IGJ para obtener la documentación sobre los donantes de la fundación, además de requerir información al Banco Central, la Unidad de Información Financiera (UIF) y otros organismos estatales para reconstruir el recorrido de los fondos.
Consultado por INFOCIELO sobre las expectativas respecto del expediente, Pérez Ernst sostuvo que la clave estará en las medidas de prueba que pueda ordenar el juez. “Esperamos que la Justicia haga las medidas de prueba que proponemos y que tanto la IGJ como el Banco Central y los demás organismos respondan con información que a nosotros nos falta”, señaló.
El abogado explicó además que decidieron presentar una solicitud de averiguación de delito porque consideran que todavía existen datos a los que sólo puede acceder la Justicia.
“Nosotros, como ciudadanos, no tenemos forma de acceder ahí. Los que pueden hacerlo son los fiscales a través de oficios. Entonces estamos pidiéndole al Poder Judicial que investigue”, afirmó. Sobre la decisión de avanzar con la presentación, agregó que “por supuesto” consideran que existen elementos suficientes para que la causa avance.
“Nosotros no tenemos toda la información. Por eso hacemos una solicitud de averiguación de delito. Si la Justicia hace lugar a las medidas de prueba y obtiene esa información, se podrá determinar si existió el entramado que nosotros sospechamos“, concluyó.
