El Senado abrió un nuevo frente de discusión con la administración de Axel Kicillof. Esta vez, el eje es la seguridad. El senador Mario Ishii (Fuerza Patria, vicepresidente de la Cámara alta y tercero en la línea de sucesión) presentó un proyecto de ley para que la Provincia asuma de manera exclusiva todos los costos de mantenimiento y funcionamiento de los patrulleros utilizados por la Policía Bonaerense, incluso aquellos que fueron adquiridos por los municipios mediante programas provinciales.
La iniciativa aparece en medio de la discusión por el financiamiento de los gobiernos locales y representa otra avanzada legislativa sobre el Ejecutivo provincial. No es la primera vez que Ishii impulsa proyectos que interpelan la administración de Kicillof: en las últimas semanas también promovió iniciativas para declarar la emergencia sanitaria y la emergencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires, ampliando la presión política desde la Cámara alta.
LA PROVINCIA DEBERÍA HACERSE CARGO DE TODOS LOS GASTOS
El proyecto establece que será el Ministerio de Seguridad bonaerense el responsable de financiar el mantenimiento preventivo y correctivo, las reparaciones, la compra de repuestos y neumáticos, la contratación de seguros y cualquier otro gasto necesario para garantizar la operatividad de los vehículos afectados a la Policía Bonaerense.
Además, dispone que los móviles adquiridos por los municipios a través del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad, creado por la Ley 15.394 y reglamentado por el decreto 371/2025, también deberán ser sostenidos económicamente por la Provincia, incluyendo combustible, reparaciones y mantenimiento.
La iniciativa va un paso más allá y establece que, si los recursos enviados por la Provincia resultan insuficientes para afrontar esos gastos, la diferencia deberá ser cubierta exclusivamente por el Ejecutivo bonaerense, sin posibilidad de exigir aportes de los municipios. También prohíbe que los convenios de adhesión a programas provinciales de seguridad obliguen a las comunas a financiar con recursos propios el funcionamiento de bienes afectados a la Policía Bonaerense.
EL ARGUMENTO DE ISHII CONTRA EL TRASLADO DE COSTOS
En los fundamentos, el senador sostiene que la seguridad pública es una competencia exclusiva de la Provincia de Buenos Aires y que, por lo tanto, también debe ser provincial el financiamiento de todos los recursos materiales necesarios para prestar ese servicio.
Según Ishii, la experiencia de los últimos años demuestra que los fondos girados a los municipios resultan insuficientes para cubrir el mantenimiento del parque automotor policial. Como consecuencia, muchas comunas terminan utilizando recursos propios para afrontar reparaciones mecánicas, compra de neumáticos, repuestos, seguros y combustible de vehículos pertenecientes a una fuerza provincial.
Para el legislador, esa situación genera una “distorsión” en la distribución constitucional de competencias, ya que obliga a los gobiernos locales a asumir costos que corresponden al Ejecutivo bonaerense.
LA AUTONOMÍA MUNICIPAL, EN EL CENTRO DEL DEBATE
El proyecto también argumenta que trasladar esos gastos afecta la autonomía financiera de los municipios y limita su capacidad para prestar los servicios públicos que les son propios.
En ese sentido, sostiene que la cooperación entre Provincia y municipios no puede convertirse en una transferencia de responsabilidades financieras hacia las comunas y recuerda el principio de correspondencia fiscal, según el cual el nivel de gobierno que tiene asignada una competencia también debe contar con los recursos suficientes para ejercerla.
