En plena pandemia y padeciendo como todo el país -y el mundo- los efectos económicos del aislamiento social, el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, decidió reeditar una polémica medida que implementó desde su primer año de gobierno: el otorgamiento de plus salariales a los funcionarios políticos, que, algunos casos, llega al 20 por ciento del sueldo básico.
La medida causó malestar en la ciudad y motivó un pedido de informes por parte de la oposición. Es que a la situación ya conocida -caida de la recaudación local y de las transferencias de Nación y Provincia- se le suma el agravante de que el distrito se declaró hace menos de dos meses en emergencia económica y financiera.
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Entre las medidas que impone la declaración se enumera la restricción de horas extra, reducción de planta política, de personal temporario y contratados y el freno de toda la obra pública. Pero los plus salariales -en rigor “bonificaciones por tiempo pleno”- para funcionarios políticos, parece, quedaron en pie sobre el argumento que la medida tiene sus años de aplicación y que sólo el 5% de los funcionarios municipales lo recibe, porque lo merece.
Lo denunció la concejal Victoria De Bellis, quien presentó un pedido de informes que será tratado el jueves próximo, cuando el cuerpo legislativo municipal vuelva a sesionar de manera presencial, en medio de medidas sanitarias especiales y en una locación especial, el teatro de la Sociedad Española.
La Concejal opositora mostró el decreto que habilita el cobro de esa bonificación a Leandro Buey y a Luciano Blanco, funcionarios de extrema confianza de Galli, pero no hay datos concretos respecto del alcance de la medida. Desde el Ejecutivo sostuvieron que se trata de funcionarios que trabajan arduamente.
La oposición cuestionó lo que consideró “un accionar injusto e ilegal” de parte del gobierno de Galli. “A algunos trabajadores municipales se le han recortado horas extras, algunos temporarios han sido dados de baja y a otros se les ha recortado las horas en sus trabajos lo que significa la merma en sus ingresos”, explicó la edil.
“Son funcionarios públicos y no existe ningún fundamento para que cobren más por algo inherente a su función”, razonó, tras lo cual consideró que la bonificación“no tiene ninguna fundamentación en el estado de pandemia, dado que los funcionarios que lo reciben no tienen vinculo, por ejemplo, con el sistema de salud”.
Lo extraño es que a comienzos de abril, el propio intendente anunció que reducía un 20 por ciento su salario, el de sus funcionarios y el de los concejales, correspondientes al mes de marzo, bajo la premisa solidarizarse con los vecinos y afrontar “entre todos” una “difícil situación”.
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