La polémica generada por la intención del gobierno de María Eugenia Vidal de designar a Sergio Torres como integrante de la Corte Suprema de Justicia Bonaerense tiene un nuevo capítulo. La mandataria provincial finalmente envió el pliego de nombramiento al Senado. Los cuestionamientos de diversos sectores sobre el lugar de residencia del juez federal quedaron a un lado y desde el Poder Ejecutivo señalaron que cumple con los requisitos necesarios.
Al respecto, desde el gobierno señalaron que “el requisito de residencia habitual del juez federal Sergio Torres, previsto en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires para ocupar la vacante del máximo tribunal de la Provincia, está sobradamente cumplido y comprobado”.
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A su vez, aseguraron que “no se dan detalles sobre los lugares concretos de estas direcciones” porque se “puede ver afectada su integridad física y la de su familia”. Esto es porque, según aducen, lleva a adelante investigaciones por narcotráfico.
En ese sentido, dieron a conocer que, en el pliego enviado al Senado, Torres “dejó asentada, con la documentación respectiva, que acredita la residencia en la provincia de Buenos Aires, poniéndola a consideración de los legisladores.”
Días atrás, el Colegio de Abogados de La Plata presentó una impugnación contra la postulación del juez con el argumento principal que tiene que ver con su lugar de residencia. “No es sólo una cuestión de que no puede acreditar su domicilio en la Provincia, sino que desconoce la realidad de la Justicia bonaerense”, explicaron.
Asimismo, el fastidio vino también por la pertenencia del magistrado a Comodoro Py, aunque eso no haya expresado en el escrito y entendían que se trata de un fuero muy cuestionado.
El plazo formal para el ingreso del pliego se habría vencido este viernes y las dudas las dudas respecto de su domicilio sumadas a algunas impugnaciones, llevaron a que se retrasara el envío del mismo.
El expediente ingresará específicamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdo que conduce la senadora oficialista Nidia Moirano. Allí, el acuerdo está garantizado, de hecho un operador legislativo soltó: “A lo sumo tendremos que hacer dos sesiones, si la intransigencia se apodera de los espíritus opositores”.
El acuerdo requiere de mayoría absoluta, no agravada, y ese número lo garantiza en soledad el oficialismo. Y la “duda” no es del bloque que conduce el senador Roberto Costa, sino del Poder Ejecutivo.
Según trascendió, desde que se postuló Torres ha sumado 387 adhesiones, provenientes de diversos ámbitos académicos, de la sociedad civil, de sectores judiciales, de entidades profesionales y religiosas. Las mismas provienen de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), el Inadi, la Dirección Nacional del Programa Verdad y Justicia; la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (ex Sedronar), el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, entre otros.
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