Apurado por el fin de las facultades delegadas, el presidente de la Nación, Javier Milei, firmó dos decretos que impactan de lleno en el sector energético. Desde el Gobierno Nacional lo anunciaron como parte del “proceso de normalización, liberación y modernización completa”. Lo cierto es que una de las cosas que hicieron fue fusionar los entes reguladores.
Efectivamente, una de las dos normas publicadas en el Boletín Oficial de este lunes es el Decreto 452/25. Ahí se decidió unificar al ENARGAS y al ENRE en un nuevo organismo bautizado como el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. Según explicaron, la idea es “mejorar la eficiencia del Estado, modernizar la regulación y optimizar el uso de los recursos públicos”.
El nuevo ente deberá comenzar a funcionar dentro de los próximos 180 días y tendrá “autarquía, independencia funcional y presupuestaria”. Su directorio tendrá 5 miembros y todos serán designados por el Poder Ejecutivo tras un proceso de selección liderado por la Secretaría de Energía. Entre sus funciones más importantes se encuentran la de aplicar sanciones y fiscalizar el cumplimiento de la ley.
Por otro lado, con el Decreto 450/25, la administración libertaria hizo una reforma estructural del sector energético que, según ellos, “beneficiará al usuario y tendrá al sector privado como actor clave”. Lo concreto es que ahora se abre un periodo de transición de 24 meses en el que “se deberá adecuar toda la normativa complementaria” para garantizar “una implementación gradual, ordenada y previsible”.
La “reforma estructural” del sector energético decretada por Milei
- Se habilita la apertura total al comercio internacional de energía eléctrica. El Estado solo podrá objetar operaciones por razones técnicas o de seguridad del suministro.
- Se restablece la posibilidad de celebrar contratos de compraventa entre privados, revirtiendo lo establecido en 2013, para promover previsibilidad, estabilidad en el abastecimiento e inversiones de largo plazo.
- Se ratifica la libre elección del proveedor por parte de los usuarios finales, garantizando que los consumidores puedan decidir con quién contratar su energía.
- Se introducen mecanismos regulatorios para que el usuario sepa qué paga. Su factura no podrá incluir tributos de orden local ni cargos ajenos a los bienes y servicios efectivamente facturados.
- Se establecen múltiples alternativas para el desarrollo de la infraestructura de transporte eléctrico, procurando la inversión privada, habilitando la libre iniciativa a propio riesgo.
