La polémica por la extranjerización de la tierra ya había tenido su momento de protagonismo —y de surrealismo— durante la última sesión maratónica en la Cámara de Diputados. En aquella tarde-noche, el titular del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, había pedido una moción de repudio sobre tablas contra el fallo de la Corte Suprema, que terminó en un insólito blooper: la iniciativa no logró los dos tercios necesarios, pero el secretario administrativo la dio por “aprobada“, obligando al propio Tignanelli a levantar la mano y avisar que su propio pedido había sido rechazado.
Sin embargo, el tema no quedó sepultado en esa anécdota parlamentaria. En las últimas horas, un variopinto y amplísimo arco político unificó fuerzas para formalizar el rechazo a la decisión del máximo tribunal y a la desregulación impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
EL CONSENSO MULTICOLOR CONTRA LA CORTE
El nuevo proyecto de declaración expone un inusual consenso legislativo frente al DNU 70/2023. El texto lleva las firmas de los principales referentes de Unión por la Patria (Facundo Tignanelli (La Cámpora), Lucía Iañez (MDF), Mariano Cascallares (MDF), Rubén Eslaiman (FR), entre otros), pero suma el peso de los bloques opositores dialoguistas.
Acompañaron la iniciativa los diputados de Nuevos Aires (Fabián Luayza, Gustavo Cuervo y Viviana Romano (Nuevos Aires), Martín Rozas (Unión y Libertad), Andrés De Leo y Romina Braga (Coalición Cívica) y la radical Alejandra Lordén.
El documento manifiesta un rechazo formal a la derogación de la Ley Nacional N°26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales), ejecutada mediante el artículo 154 del mega DNU del Poder Ejecutivo Nacional.
EL PRO, LLA, la UCR de Diego Garciarena, HECHOS, la Izquierda y Derecha Popular no firmaron el documento en consonancia con lo expresado en el recinto.
EL FALLO CECIM Y EL ALERTA POR LOS RECURSOS
El trasfondo de esta movida legislativa es la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). Los magistrados dejaron sin efecto la sentencia de la Cámara Federal platense que frenaba la derogación de la ley, argumentando una supuesta “falta de legitimación” de la entidad actora para hacer el reclamo.
Como advierten los legisladores en los fundamentos del proyecto, si bien la Corte no se pronunció sobre la validez constitucional de vender tierras a extranjeros, su fallo técnico removió el obstáculo legal que impedía aplicar la derogación dispuesta por Milei.
En ese sentido, el texto de los diputados bonaerenses enciende las alarmas sobre el impacto directo en la Provincia. Los legisladores plasmaron su profunda preocupación por la “eliminación de los límites y mecanismos de control” para que personas y empresas extranjeras adquieran tierras.
El foco está puesto en la vulnerabilidad en la que quedan los recursos de la Provincia. El proyecto subraya que la tierra rural no es solo un activo económico, sino que está atada a la protección del territorio, y alerta particularmente sobre el peligro que corren los “recursos naturales estratégicos, cuerpos de agua y zonas de especial relevancia territorial” si quedan en manos de capitales foráneos sin ningún tipo de límite estatal.
