Una nueva alerta encendió las alarmas en el ámbito de la salud pública. La provisión de medicamentos antirretrovirales para personas con VIH en Argentina enfrenta una grave crisis, según advierte un reciente informe del Observatorio de Acceso a Medicamentos (OAM) de la Fundación GEP. El reporte señala faltantes críticos de insumos, ausencia de compras recientes y una situación de emergencia que podría afectar a más de 50 mil pacientes a partir de agosto.
A este escenario se llega tras el fuerte ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei. En los primeros meses del año, el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis ya había advertido que los despidos masivos en la Dirección de Respuesta al VIH (que afectaron al 40% del personal) tendrían consecuencias directas sobre la continuidad de los tratamientos. Aunque desde el Ministerio de Salud aseguraban que la reestructuración no afectaría las responsabilidades del área, el informe de GEP demuestra lo contrario.
“Muchas de esas compras que nosotros estábamos reclamando que no se estaban haciendo, finalmente no se hicieron. Nos decían que estaban los expedientes en curso, se demoraron, después algunos se cayeron, otros nunca se iniciaron. La situación es muy preocupante”, sostuvo José Di Bello, presidente de la Fundación GEP e integrante del Frente Nacional VIH, en declaraciones al medio a El Destape.
¿Qué es lo que sucede?
El foco está puesto en la provisión del tratamiento basado en Tenofovir 300 mg + Lamivudina 300 mg + Dolutegravir 50 mg, esencial para más de 48.000 personas. En total, son más de 140 mil las personas con VIH en Argentina, de las cuales el 87% conoce su diagnóstico. Cerca de 70 mil se tratan en el sistema público, y más de dos tercios dependen de este esquema terapéutico. A ello se suman otras 10.500 que necesitan Darunavir 800 mg + Ritonavir 100 mg, otro medicamento que, según el informe, no presenta compras registradas ni ampliaciones de stock. El costo mensual de este tratamiento supera los $128.000 por paciente, y en farmacias privadas puede ser aún mayor.
Desde el Ministerio de Salud, en el momento de desarticular la Dirección de VIH, explicaron que “decidimos no renovar muchos contratos (…) ya que estamos convencidos que hay que armar equipos de trabajo de otra manera”. Y agregaron que buscan evitar “compras directas a un único proveedor” y el desperdicio de insumos. Sin embargo, desde GEP denuncian que estas compras directas no solo se mantuvieron sino que se profundizaron: “Se profundizaron las compras sin sentido en más de un 70%”, remarcan.
Según Di Bello, el 75% de las adquisiciones realizadas este año se hizo bajo la modalidad de compras directas por exclusividad, el porcentaje más alto en 13 años. También advirtió que en el caso de algunos fármacos, como la combinación Lamivudina-Dolutegravir, el mecanismo de compra es ágil y económico a través del Fondo Estratégico de la OPS, pero la operación no fue cursada: “Argentina hace ya unos tres años que compra a través de ese mecanismo, se paga muy barato. No se entiende por qué no lo están usando”.
El panorama se agrava por el ajuste presupuestario. La Dirección afectada continúa con partidas prorrogadas desde 2023, lo que implica un recorte real del 76% en su capacidad de compra. Esto, en un contexto donde la mayoría de los medicamentos son adquiridos a laboratorios multinacionales y cotizados en dólares. “Exigimos que levanten el cepo a la información”, reclamaron desde GEP, al denunciar que el Ministerio de Salud no responde a sus pedidos de informes ni aclara la situación actual de las compras.
