El avance de la causa que investiga una presunta red de corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este martes un nuevo capítulo: su ex titular, Diego Spagnuolo, optó por el silencio y se negó a declarar ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, donde se tramita el expediente por coimas, sobreprecios y direccionamiento de contrataciones en perjuicio del Estado.
El exfuncionario, que también se desempeñó como abogado del presidente Javier Milei, permaneció cerca de una hora en Comodoro Py y, al retirarse, apenas esbozó una respuesta ante la prensa: aseguró que dará explicaciones “más adelante” y que esa instancia “no es la única oportunidad” para hacerlo.
La investigación, impulsada por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, y a cargo del juez Ariel Lijo, apunta a una estructura que habría operado dentro de ANDIS para beneficiar a un grupo reducido de empresas mediante licitaciones direccionadas, con sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos médicos destinados a personas con discapacidad.
De acuerdo con el expediente, las maniobras no se habrían limitado a fármacos, sino que también alcanzaron productos como implantes auditivos, audífonos, insumos ortopédicos y equipamiento de alto costo vinculado a especialidades como cardiología, neurología y traumatología. Estos bienes estaban destinados, en su mayoría, a beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud: personas con pensiones no contributivas y sin cobertura médica, lo que amplifica el impacto social del presunto esquema.
Las cifras bajo análisis son millonarias. Según fuentes judiciales, el circuito habría implicado movimientos por más de 75.000 millones de pesos, con adjudicaciones concentradas en pocas firmas. Parte del mecanismo, sostienen los investigadores, consistía en licitaciones “acotadas” donde algunas empresas simulaban competir para legitimar adjudicaciones previamente acordadas.
En ese entramado, la figura de Spagnuolo aparece como central. El dictamen fiscal sostiene que su rol jerárquico fue “esencial” para generar las condiciones que permitieron direccionar contrataciones a determinados proveedores a cambio de retornos económicos. Incluso, se investiga si parte de esos fondos regresaban al propio exfuncionario mediante pagos directos o la adquisición de bienes.
La causa también avanza sobre un universo más amplio de implicados. En total, la Justicia citó a indagatoria a 29 personas, entre ellas el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto nexo con laboratorios y droguerías. Las audiencias se desarrollarán hasta fines de mayo e incluyen ampliaciones de indagatoria para varios ya procesados.
En paralelo, el juzgado dispuso la inhibición general de bienes para los involucrados y empresas vinculadas, ante el riesgo de que se intenten desprender de activos que podrían ser producto de las maniobras investigadas. “Las hipótesis delictivas permiten suponer la existencia de operaciones destinadas a ocultar o transferir bienes obtenidos ilícitamente”, advirtió Lijo en su resolución.
Audios, política y el detonante del escándalo
El caso cobró dimensión política tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su entorno en el marco de un supuesto esquema de retornos. Esas grabaciones, cuya autenticidad aún es materia de peritaje, fueron determinantes para la salida del ex funcionario del Gobierno.
En ese contexto, la defensa de varios imputados sostiene que la causa podría verse afectada si se comprobara la “falsedad” de los audios, argumento con el que también buscaron plantear nulidades en el expediente.
Mientras tanto, el expediente sigue sumando capítulos y el “silenzio stampa” del principal acusado no hace más que alimentar las sospechas en una causa que combina fondos públicos, prestaciones sensibles y un presunto esquema de corrupción con ramificaciones políticas.
