El juez federal Ariel Lijo ordenó la indagatoria de 29 personas en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a partir de un pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez.
Las citaciones se realizarán entre el 28 de abril y el 26 de mayo e incluyen la ampliación de las declaraciones de los ya procesados Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete.
Entre los convocados hay empresarios del rubro médico y proveedores de insumos de alto costo. En paralelo, el juzgado dispuso la inhibición general de bienes de los involucrados para evitar el posible desprendimiento de activos que podrían haber sido obtenidos mediante las maniobras investigadas.
Un esquema de compras direccionadas
La investigación judicial apunta a un presunto entramado de corrupción que habría operado dentro de la ANDIS entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, cuando el organismo dependía del Ministerio de Salud de la Nación.
Según la fiscalía, existieron acuerdos indebidos entre funcionarios y empresas para direccionar contrataciones vinculadas a insumos médicos de alto costo y baja incidencia.
De acuerdo con el expediente, las maniobras se habrían instrumentado a través del sistema SIIPFIS, utilizado para administrar prestaciones. Allí se detectaron irregularidades en compulsas de precios, con ofertas coordinadas entre empresas que simulaban competencia pero respondían a intereses comunes.
Los fiscales sostienen que este mecanismo permitió garantizar adjudicaciones a firmas previamente seleccionadas, con un sistema de retornos y distribución de ganancias. En ese esquema, Miguel Ángel Calvete habría actuado como intermediario entre el sector privado y los funcionarios, con participación en la fijación de precios y el reparto de beneficios.
Cartelización y posibles maniobras de lavado
La pesquisa también identificó indicios de cartelización empresarial y el uso de empresas pantalla para dar apariencia de legalidad a los procesos de compra. Además, se detectaron inconsistencias en facturación y movimientos de dinero que podrían estar vinculados a maniobras de lavado de activos.
Según los investigadores, no se trata de hechos aislados sino de un sistema organizado que operó de manera sostenida para manipular contrataciones públicas. En ese contexto, la fiscalía sostuvo que la ANDIS habría funcionado como una “ventanilla de pagos indebidos” en perjuicio del Estado.
Con las nuevas indagatorias, la causa entra en una etapa clave para definir responsabilidades y profundizar el análisis sobre el circuito de adjudicaciones y distribución de fondos que está bajo sospecha.
