En medio de una asfixia financiera sin precedentes, el gobierno de la provincia de Buenos Aires enfrenta dificultades para sostener sus principales políticas alimentarias. Una de ellas es el programa MESA, cuya continuidad está en duda, y la otra es el Servicio Alimentario Escolar (SAE), donde Nación dejó un agujero difícil de tapar. Sandra Pettovello finge demencia.
Ayer, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, dio a conocer el reclamo formal que presentaron en el Ministerio de Capital Humano. Según el documento, el Estado nacional le debe “más de $220.000 millones” a la Provincia desde el 2024 por el SAE. En la nota, instaron a la cartera que lidera Pettovello “a saldar la deuda acumulada” y también pidieron financiamiento para el MESA “que actualmente sostenemos íntegramente con recursos provinciales”.
La respuesta de Capital Humano se hizo pública ayer por la noche y niega cualquier tipo de deuda. “El Gobierno nacional no mantiene deuda alguna con la provincia de Buenos Aires“, dice el comunicado que difundió Pettovello. Seguidamente, rechazaron “el intento de la provincia de Buenos Aires de adjudicar a esta cartera ministerial responsabilidad por la propia decisión provincial de desfinanciar sus programas”.
Se trata de una definición al menos exagerada teniendo en cuenta que hoy mismo se va a hacer una segunda audiencia entre Nación y Provincia por los fondos que la ANSES le adeuda al IPS. Este es solo uno de los conceptos que está reclamando la gestión Kicillof ante la Corte Suprema de Justicia. El de los programas alimentarios es otro, pero en total hay casi una decena de demandas presentadas en el máximo tribunal.
Lo que sí reconoció Capital Humano es su mínima incidencia en el SAE bonaerense. “El Gobierno nacional realiza un aporte que ronda el 20% del monto necesario para la atención a los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires, siendo el 80% restante obligación provincial“, precisaron. Finalmente, respecto del financiamiento del programa MESA ni siquiera respondieron.
La interna peronista se mete en todos lados
El reclamo formal de Larroque sugrió luego de que Mario Ishii presentara en el Senado bonaerense un proyecto para declarar la emergencia alimentaria. El legislador oficialista, alineado con Máximo Kirchner, pretende que la norma obligue al gobierno provincial a “incrementar en forma inmediata y progresiva” los fondos para programas alimentarios.
En lugar de hacer causa común, Ishii -que entró a la Legislatura de la mano del kirchnerismo después de haber coqueteado con el Movimiento Derecho al Futuro, en pleno distanciamiento de Máximo Kirchner-, quiere incluso que una comisión bicameral audite el funcionamiento de los programas alimentarios.
De prosperar la iniciativa, un cuerpo de 5 diputados y 5 senadores quedarán facultados para “requerir informes al Poder Ejecutivo” además de practicar “observaciones, propuestas y recomendaciones”. También obliga al Ministro de Desarrollo de la Comunidad a informar trimestralmente sobre ejecución presupuestaria, alcance de los programas, beneficiarios e indicadores nutricionales”.
