La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) intimó al Estado argentino para que responda sobre una denuncia que vecinos y vecinas de San Nicolás realizaron hace más de seis años respecto a la contaminación ambiental de la empresa Atanor SCA.
En el barrio Química, donde se ubica la fábrica que produce diferentes productos químicos como plaguicidas, herbicidas e insecticidas, ya se cuentan de a cientos los casos de cáncer y también de fallecidos. Allí nadie duda: todos señalan a Atanor.
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Pero a pesar de que sucesivas denuncias e investigaciones demostraron que la empresa deposita residuos químicos bajo tierra y también los vierte en un arroyo que desemboca en el Río Paraná, la misma continúa funcionando y la causa –que ya lleva seis años-, está completamente parada.
Por eso, grupos ambientalistas y vecinos particulares de San Nicolás decidieron acudir a la CIDH, frente a la inacción de la justicia. Recién dos años después, la Comisión elaboró una respuesta que en principio, le exige al Estado argentino (entre ellos, al gobierno municipal, el gobierno bonaerense y el gobierno nacional), tomar cartas en el asunto de forma urgente.
Las pruebas sobre la contaminación ambiental, así como de las irregularidades de la empresa, son demasiadas. Se sabe que la empresa no contaba con habilitaciones pertinentes para su producción -principalmente las habilitaciones para volcar efluentes líquidos y gaseosos- y que además “se realizaba un manejo desaprensivo de sus residuos peligrosos y afectan la salud pública y el medio ambiente”.
“Aquella denuncia de los vecinos daba cuenta que el Estado Argentino violaba el derecho humano a un ambiente sano y equilibrado por no contralor las emisiones contaminantes de la empresa”, le dijo a este medio el abogado y ambientalista Fabián Maggi, quien además explicó que la denuncia agrega de que se “vulneró también el derecho humano a resolución judicial en ´plazo razonable`”, ya que acreditaron que llevan más de 10 años de proceso judicial en la Provincia de Buenos Aires y en el fuero Federal sin que ninguna de las numerosas causa haya llegado a una decisión definitiva.
Atanor forma parte del Grupo Albaugh, y el 20% de ese grupo es propiedad de compañía de agrotóxicos china Huapont Nutrichem Co. En la planta de San Nicolás se produce: Atrazina, Triacetina, Soda Cáustica, Hexametilen Tretamina, Ácido Clorhídrico, Formol, Acetato de Etilo, Acetato de Butilo, Ácido Acético, entre otros agentes químicos. También, producen Azúcar Común Tipo A,
En 2016, el juez Facundo Puente ordenó la clausura de la planta y el cese de su producción, alertado por las denuncias que recayeron a su juzgado. La muerte por leucemia de una niña de 6 años que vivía a solo 50 metros de Atanor, despertó a la justicia.
Sin embargo, las medidas restrictivas duraron poco y la empresa continuó funcionado.
CONSECUENCIAS A LA SALUD
Según la presentación que se realizó ante la CIDH, las víctimas son habitantes del barrio lindero a la empresa denunciada y entre ellas “se registraron numerosas muertes por cáncer y afecciones cardíacas, además de las víctimas fatales se registran altos índices de enfermedades atribuidas a la polución ambiental”.
Ante este escenario de riesgo dos asociaciones ambientales y un grupo de vecinos iniciaron en el año 2014 un amparo ambiental por cese de la actividad contaminante y relocalización de esa empresa elaboradora de productos químicos que se encuentra emplazada en pleno radio urbano.
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