Las dificultades para sostener el modelo económico que impuso el gobierno de Macri, y la imposibilidad de conseguir más financiamiento luego de un enorme toma de deuda, condujeron al único camino dentro de la órbita neoliberal: un retorno al FMI.
El pasado 7 de junio, el ministro Dujovne anunció la firma del Memorándum de Políticas Económicas y Financieras del FMI, pero poco se advirtió sobre la importancia que ese acuerdo tendrá para nuestro país.
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En una gran síntesis, la letra chica del acuerdo plantea generar las condiciones para que el país pueda devolver el gigantesco financiamiento que se le prestó y para ello el Fondo ya impone condiciones que impactarán de lleno en la economía argentina.
La nueva obsesión del gobierno de Mauricio Macri será ahora, reducir el déficit fiscal, es decir la diferencia entre el gasto y la recaudación de un Estado. Eso, explica el gobierno, demostrará una solvencia económica y generará confianza al organismo internacional.
Pero las políticas en pos de reducir el déficit, serán –otra vez- malas noticias para la población.
El acuerdo de un préstamo inédito en la historia del FMI de 50 mil millones de dólares por tres años será posible solo si el gobierno de Macri apunta a una feroz reducción del gasto público, generando un ajuste en la Administración Pública, Obra Pública (que impactará en los fondos de las Provincias), congelamiento de ingresos a la planta del Estado, reducción de financiamiento a las Universidades públicas, así como también a empresas estatales y a prestaciones sociales (que afectará de lleno principalmente a los jubilados).
Sin embargo, a la par, el gobierno de Cambiemos seguirá con sus políticas de reducción de retenciones a los grandes productores del sector agroexportador, así como hacia las mineras, a quienes en este contexto de brutal ajuste para el común de la población, continuará beneficiando.
Vale aclarar que los ingresos tributarios representan más del 90% del total de los ingresos y se componen de impuestos, contribuciones a la seguridad social y derechos sobre el comercio exterior.
Según el informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), de los impuestos que representan casi el 70% de los ingresos tributarios, el más importante es “el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que depende directamente del nivel de actividad económica, al igual que el impuesto a los débitos y créditos bancarios”.
“Con el maíz se perdieron $19.069 millones en un año; con el trigo, aproximadamente $15.052 millones; y en el caso de la soja, la reducción de la alícuota de 35% al 30% alcanza unos $19.425 millones, a los que hay que adicionar $10.008 millones como resultado de la reducción de 0,5 puntos por mes aplicada desde enero de 2018”, indica el informe.
El acuerdo firmado con el FMI impone una meta de déficit fiscal para el 2018 de 2,7%, mientras que para el 2019 debería ser de 1,3%. Esto claro, si el crecimiento de la economía fuera del 2% y la inflación no superara el 24%. En este caso, el recorte fiscal ascendería a $425.000 millones.
Pero, lejos de exigir mayores aportes a estos sectores de grandes ganancias, el gobierno ya tiene decidido pasar de una etapa de “ajuste gradual” a un ajuste en serio hacia el sector público. Esto fue confirmado ayer por el propio presidente en una entrevista con Jorge Lanata.
Desde que asumió Mauricio Macri, la planta permanente del Estado pasó de 240 mil a 208 mil y en este contexto, se esperarían aún más despidos.
A pesar de una serie de medidas para reducir el gasto de la Administración Pública, como la venta de automóviles del Poder Ejecutivo, la suspensión de viajes en aviones categoría business y una fuerte reducción de los viáticos para los funcionarios, el gobierno destina la parte más pesada del ajuste a la obra pública, la quita de subsidios a los servicios (que generará mayores aumentos), así como una reducción de fondos a las Universidades, empresas públicas y a las prestaciones sociales.
Como explica el informe de la CEPA “una parte del recorte de los $30.000 millones destinados a obra pública impactará en las arcas provinciales”.
Así también, los subsidios económicos han sido el lugar “donde el Gobierno ha hecho el ajuste con mayor potencia”. “El 56% de los gastos responden a subsidios energéticos, mientras que el restante responde al transporte”, detalla.
Por otra parte, el informe deja en claro que “no sorprendería un recorte en los presupuestos universitarios -sobre todo luego de las declaraciones de la Gobernadora de Buenos Aires- y la reducción/saneamiento sobre las empresas estatales abriría un escenario de posibles privatizaciones. Vale la pena señalar que el presupuesto total de 2018 para todas las universidades y las empresas estatales es de 147.000 millones de pesos”.
Pero, finalmente, uno de los puntos más polémicos será recrudecer un ajuste en una de las áreas más sensibles del Estado, la de las prestaciones sociales. Es donde se prevé el principal ajuste y allí, los jubilados, mujeres, desempleados y discapacitados, serán los más afectados
“El último inciso de los gastos primarios del Estado responde a las prestaciones sociales. Es el principal gasto del presupuesto y asciende a $1.600.000 millones, equivalente al 52% de los gastos totales”.
Cabe precisar que de esa cifra, el 71% de las prestaciones sociales corresponde a jubilaciones y pensiones contributivas, el 11% a asignaciones familiares y por hijo, el 8% pensiones no contributivas, seguido por las prestaciones del INSSJP y, por último, el 3% responde a programas como el Progresar, Argentina Trabaja y otros.
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