Al igual que otros cientos de afiliados en toda la provincia, Silvia Juana Sansostri –De Lomas de Zamora- cuenta que IOMA no se hace cargo de cubrir los medicamentos y el tratamiento que ella necesita para combatir su fibrilación auricular -una arrítimia cardíaca- y reuma en las manos.
Si trata esos patologías, corre el riesgo de sufrir un ACV.
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Pese a eso, agrega que tuvo que suspender algunos medicamentos “por lo que le vino de gas y luz” en los últimos meses. Es que cada caja de medicamento cuesta alrededor de 8 mil pesos y estos no duran más que un mes.
Alguno de estos son Allopurinol, Lanzopral, Blokium y Sarval.
“Mis sobrinos me hicieron una vaquita y juntaron plata para los medicamentos”, explica Silvia, y se le quiebra la voz.
La mujer es una enfermera ya jubilada y confiesa que siempre trabajó con dedicación en el cuidado de sus pacientes “por si alguna vez” le tocaba estar “en el mismo lugar”.
“Yo aporto casi dos mil pesos por mes a IOMA y es así como nos tratan”, dice indignada la mujer de 66 años.
Silvia Sansostri.
LAS OTRAS HISTORIAS
Sin embargo, el caso de Silvia no es el único. En febrero, la docente Gabriela Cuffarella –también de Lomas de Zamora- murió a la espera de que la obra social de la provincia le entregara el medicamento que ella necesitaba para vivir.
El caso generó una indignación doble cuando se conocieron las excusas por parte de algunos directivos de IOMA, quienes se animaron a declarar que la medicación no había llegado porque “se había roto una camioneta” que trasladaba los pedidos a la ciudad de La Plata.
A las experiencias de Gabriela y Silvia, se le agregan la de Mairón Valdez, una nadadora y actriz conocida de Bahía Blanca, quien debe someterse a sesiones de quimioterapia, pero la obra social no le garantiza las dosis y por lo tanto, las aplicaciones de estas se demoran.
Gabriela Cuffarella, docente fallecida por la desidia de IOMA.
“Me tengo que aplicar una subcutánea y ellos deciden que esa medicación no conviene y que, en todo caso, haga un amparo en la Justicia. Es tremendo”, dijo hace poco en diálogo con LU2.
Por increíble que parezca, alguno de los medicamentos que necesita Mairón supera los 90 mil pesos.
“No se sabe cuándo va a llegar ese remedio. Y no me dan argumentos. Esto es doblemente grave, porque crea un estrés mayor. Me provoca una alteración total en el tratamiento prescripto por mi médica“, agregó.
Otro es el caso de Miguel De Luca, un médico de Cañuelas, que hace poco le escribió una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal.
“Lo cierto es que el IOMA me hace vivir una verdadera angustia cada vez que me tienen que entregar la droga, ya que en todas las ocasiones se atrasa en más de veinte días cortándome el tratamiento sistemáticamente”, dice uno de los párrafos de su escrito.
Por su parte, el policía retirado Claudio Marcelo Arístegui de Chascomús, tuvo que realizar un recurso de amparo para que IOMA le entregue la medicación y cubra los gastos previstos por la obra social.
Por casos similares, un grupo de padres está realizando un Amparo colectivo a la Justicia para reclamar por el “abandono” a chicos con discapacidades, ya que IOMA no le paga a sus acompañantes terapéuticos y estos se niegan a seguir trabajando gratis.
Pablo Di Liscia.
QUIÉN ES PABLO DI LISCIA, EL TITULAR DE IOMA
Los casos se repiten en decenas de localidades de la provincia y todas tienen un contenido por demás angustiante. Es que la situación de algunos afiliados que esperan por sus medicamentos es dramática, al punto de que los reclamos han traspasado el límite de la cordura, como sucedió en el pasado mes de enero, cuando una persona amenazó con prenderse fuego dentro de la oficina central de IOMA, en La Plata.
Las respuestas oficiales, para colmo, son nulas y rozan el cinismo. El actual titular de la obra social, Pablo Di Liscia, comenzó como funcionario en el primer gobierno de Mauricio Macri en Capital Federal y continuó con Horacio Rodríguez Larreta, hasta que fue nombrado en IOMA.
En marzo pasado, diputados de Unidad Ciudadana pidieron su interpelación ante una deuda de 1.500 millones de pesos, que –según estimaron los legisladores- “ponía en riesgo” a más de 2 millones de afiliados.
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