Los últimos datos extraoficiales aseguraron que el país sufre con un 44% de pobres, y con el agravante que en ese total, el 60 por ciento de los niños, niñas y adolescentes se encuentran bajo la línea de pobreza.
De esta forma, Argentina se erige como una de las radiografías más crueles de la realidad que viven los pueblos de América Latina.
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Hay muchas teorías respecto a por qué se incrementó el hambre y el desempleo en el país (los datos objetivos y la mirada de los sectores populares señalan los cuatro años del gobierno de Macri y el efecto devastador de la pandemia), y pocas ideas de cómo evitar una mayor catástrofe social.
En abril de este año, cuando por entonces el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no había sido lanzado por primera vez, como una de las principales medidas que tomó el gobierno de Alberto Fernández para contener a las clases bajas y medias frente a la paralización del trabajo que produjo la cuarentena, los movimientos populares del mundo y el propio Papa Francisco habían sugerido algo concreto: coincidían en que ya era tiempo de plantear la posibilidad de una renta universal.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) empezó a agitar la iniciativa advirtiendo el panorama desolador, que más tarde se haría carne tras los miles de muertos y de infectados por el coronavirus.
El organismo consideraba necesario asegurar “el derecho básico a la sobrevivencia”, extendiendo los diferentes programas sociales que existen en Argentina y en otros países del continente, sobre todo enfocado para los movimientos sociales que crean trabajo desde la denominada “Economía Popular”. Lo que más tarde sería sintetizado en el concepto de la renta universal.
“La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar que hoy nos está resultando muy caro. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un Estado de bienestar con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo”, señaló en ese entonces, la Secretaria Ejecutiva de la ONU, Alicia Bárcena, quien se sumó así a la propuesta de lanzar la renta para organizaciones sociales y sectores vulnerables.
Con ese mismo espíritu, el Papa Francisco sostuvo que “ya era tiempo de una renta universal” para los sectores más desprotegidos en las sociedades capitalistas. La frase que abrió el juego para que la propuesta se tome en serio en los gobiernos latinoamericanos se dio en la “Carta a los movimientos populares del mundo”, en abril.
“Ustedes, trabajadores informales, independientes o de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento(…) y las cuarentenas se les hacen insoportables. Tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan; capaz de garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos”, manifestó el Papa, refiriéndose a la renta universal.
En Argentina, el dirigente social Juan Grabois retomó el proyecto, con un análisis severo respecto a lo que el país sufriría si no se tomaban “medidas urgentes”, tras cuatro años de políticas neoliberales y un dramático endeudamiento que dejó a la Nación nuevamente condicionada frente al Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Un salario universal es una medida absolutamente viable desde el punto de vista económico”, consideró Grabois, quien agregó que “se puede financiar con un aporte muy, muy pequeño de las grandes fortunas y de los grandes capitales, y traería un poquito de alivio y justicia social al mundo”. “Aunque desde luego no resuelve el problema de la exclusión de la tierra, el techo y el trabajo”, explicó el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) durante el encuentro de los movimientos populares y el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, realizado en octubre.
Hasta ahora, el gobierno de Alberto Fernández considera poco viable a la iniciativa, aunque la presión de los sectores de la Economía Popular y un panorama desalentador en 2021, podrían torcerle el brazo. Sobre todo, si se tiene en cuenta que las calles comienzan lentamente a disputarse otra vez.
“La Argentina no tiene condiciones fiscales en este momento”, dijo hace poco el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien opinó que de todas formas el Estado debe cubrir “un ingreso que vincule al empleo y articule lo informal con lo formal”.
Con el fin del IFE, esa intención del Estado argentino queda inconclusa, mientras –a la par- la pobreza y la desigualdad se expanden como en los peores años de crisis. De nuevo, Argentina (y toda la región) se debaten entre las necesidades del pueblo y las necesidades del mercado.
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