En medio del conflicto entre los funcionarios provinciales y directivos del IOMA y los médicos, en la legislatura insisten en un viejo proyecto de ley que nunca pudo superar esa instancia.
En efecto, desde hace años en la legislatura de la provincia de Buenos Aires da vueltas un proyecto de ley con idénticos objetivos al planteado en esta oportunidad por un bloque independiente y minoritario, pero “filo oficialista”.
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Efectivamente, el bloque legislativo “17 de Noviembre”, integrado por los diputados Mario Giacobbe y Fabio Britos, presentó un proyecto de Ley para modificar el artículo 17 de la Ley 13965, con el objetivo de “imponer la obligación compulsiva de afiliación al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) para todas y todos los Legisladores, Magistrados, Procurador, Fiscales y Defensores oficiales de la provincia de Buenos Aires”.
“Nuestra propuesta radica en que aquellos que actualmente están exentos de la contribución obligatoria son quienes tienen los salarios más altos y deben contribuir al IOMA, que tiene un régimen solidario que se sostiene sólo si todos permanecen en el sistema y aportan de forma sistemática para garantizar el financiamiento permanente del Organismo”, sostuvo el diputado Britos.
Y continuó “el Instituto (IOMA) basa su solidaridad en la obligatoriedad para poder garantizar prestaciones y coberturas para la totalidad de los afiliados y este proyecto representa la defensa de la relación entre la obligatoriedad y la solidaridad”.
Para finalizar, Britos manifestó que “para garantizar una protección efectiva y extensiva, hay que terminar con las situaciones de excepciones y privilegios, que coadyuvan al desfinanciamiento y sucesivas crisis de los sistemas de seguridad social”.
El principal argumento que siempre sirvió para impedir la afiliación obligatoria a los Legisladores y personal jerárquico del Poder Judicial de la provincia giró en torno a la idea que dichos funcionarios no perciben un sueldo sino “dietas”.
En el caso de los funcionarios judiciales además el proyecto afecta, como tantas veces se ha dicho, a “la intangibilidad de los sueldos de los jueces”.
En la actualidad estos funcionarios públicos pueden afiliarse al IOMA en forma voluntaria pagando una cuota, pero el proyecto de ley los estaría obligando a adherirse abonando el 4,8% de sus ingresos. El restante 4,8% tendrá que ser aportado por el sector patronal, esto es, el propio Estado provincial que por el momento ahorra esos aportes pues no lo hace.
Es decir que, actualmente, existe un tratamiento diferente para empleados y funcionarios en relación al IOMA. Si bien “todos cobran” sueldos o dietas que paga la provincia, los trabajadores estatales deben aportar obligatoriamente a la obra social, mientras que el personal jerárquico alcanzado por esta normativa tiene libertad para elegir la cobertura sanitaria.
El proyecto de ley que más avanzó en los últimos años, en 2008, fue el que presentara el diputado platense Carlos Quintana, que recibió el apoyo de la Coalición Cívica y la UCR, y que además incluía a Intendentes en “la obligatoriedad”.
Esto último, es un problema adicional, pues algunas municipalidades tienen obra social propia, como los casos de Bahía Blanca y Avellaneda.
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