El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, se encuentra procesado en una causa por delito de fraude contra la administración pública, relacionado a una denuncia que lo relaciona directamente cuando él se desempeñaba al frente de la Unidad de Atención Integral (UDAI) antes de llegar al municipio.
Si bien fue procesado en diciembre del año pasado, la noticia se dio a conocer hace pocos días atrás. Ahora, el intendente peronista se encuentra ante una situación delicada que lo pone como principal responsable del defraudo de $6.224.403 al Estado.
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Pero, ¿Cómo se dio el posible delito que la justicia apunta? Ocurrió en 2015, cuando Nardini recién era un candidato para competir por el sillón municipal. Por entonces, el actual jefe comunal de Malvinas Argentinas era el titular de la UDAI local y el encargado de las inscripciones de varios planes sociales. Entre ellos, para el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar), que se había lanzado en 2014 y fue por donde se habría dado el hecho de corrupción.
Con el triunfo de Cambiemos a nivel nacional y provincial, las nuevas autoridades del Anses encontraron irregularidades en los trámites de 814 alumnos inscriptos en el Progresar por la UDAI que conducía Nardini.
Según la denuncia, todos los hipotéticos beneficiarios del plan habían presentado certificados firmados por el Centro Educativo Nivel Secundario 451 (CENS 451) de la localidad de Tortuguitas, donde allí se daban clases para adultos.
Posteriormente, se avanzó en conocer aún más irregularidades: aparentemente existió una “UDAI paralela” que se encargaba de atender especialmente los trámites del Progresar. Allí, habrían actuado militantes de la organización a la que pertenecía Nardini: Kolinas.
Para la jueza Vence, “quedó corroborado que Leonardo Nardini, en su calidad de Jefe de la Unidad de Atención Integral de Anses de Malvinas Argentinas, tenía a su cargo la administración de los beneficios sociales que aquél organismo dispone para los distintos ciudadanos”.
Por todo esto, la jueza le trabó un embargo a Nardini por la suma de 30 millones de pesos.
El caso tramita en el juzgado federal de San Martín a cargo de Alicia Vence con intervención del fiscal Paulo Starc. A todo esto, la magistrada también detalló de una posible conexión entre la UDAI y un local partidario que pertenecía a la organización de Nardini. “A su vez, esta estructura se encontraba ligada a la llamada ‘Casa de la Cultura’ ubicada en la localidad de Grand Bourg, lugar donde, tal como se vio en las diversas declaraciones testimoniales, captaban documentación para iniciar trámites de Anses. Dicho establecimiento, también se encontraba políticamente vinculado a Nardini”.
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