El debate por el futuro de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) sumó una fuerte toma de postura desde la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. En un comunicado unificado, el bloque de Fuerza Patria expresó su rechazo categórico al proceso de privatización impulsado por el Gobierno Nacional de Javier Milei, al calificar la medida no como una simple operación financiera, sino como “la entrega de un recurso estratégico, de un derecho humano y de una herramienta central para el desarrollo nacional”.
El pronunciamiento legislativo se da en un contexto de creciente tensión entre la administración central y la provincia de Buenos Aires, territorio donde opera gran parte de la red de la compañía sanitaria. Según argumentaron las senadoras y los senadores del espacio, avanzar con el traspaso al sector privado constituye un esquema que resulta “económicamente ruinoso para el Estado y confiscatorio para los usuarios”.
EL IMPACTO TARIFARIO Y EL ANTECEDENTE DE LOS AÑOS ’90
En el análisis económico planteado por la bancada provincial, la iniciativa oficial implicará un desprendimiento de activos estatales que terminará impactando directamente en el bolsillo de las familias bonaerenses. El documento recuerda lo ocurrido durante la concesión de Aguas Argentinas en la década de 1990, período en el que las tarifas aumentaron más de un 80% en términos reales con cargos fijos abusivos y dolarización encubierta.
Desde el bloque señalaron que la lógica de la gestión privada en servicios esenciales deriva indefectiblemente en un esquema de “cobrar más por menos servicio”. Asimismo, remarcaron que el escenario tarifario actual ya exhibe subas marcadas: “Hoy ya se aplicaron aumentos superiores al 300%, se recortó personal y se paralizaron obras”, denunciaron, al tiempo que advirtieron que la venta de la firma busca “consolidar un modelo donde el usuario paga la crisis y el privado se queda con la ganancia”.
ALERTA SOCIAL Y AMBIENTAL EN EL CONURBANO BONAERENSE
El eje más crítico de la postura legislativa hace foco en la situación sanitaria y el impacto en los sectores más vulnerables del Gran Buenos Aires. El comunicado subraya que la falta de agua potable y tendido cloacal deriva directamente en un incremento de la desigualdad, la contaminación y la aparición de enfermedades endémicas en los barrios populares.
Al repasar el historial de la concesión privada previa, desde Fuerza Patria enfatizaron que la expansión del servicio “se concentró exclusivamente en zonas de alto poder adquisitivo de CABA y Zona Norte”, dejando relegado al conurbano profundo por no considerarlo rentable. Según el bloque, en aquel período se incumplió el 60% de las inversiones comprometidas en saneamiento ambiental, una situación que comenzó a revertirse a partir de la estatización en 2006, proceso en el que se incorporaron más de 11 millones de personas al servicio de agua y 8 millones a la red de cloacas.
SOBERANÍA, RECURSOS ESTRATÉGICOS Y EL RECLAMO A NACIÓN
En el plano estrictamente político e institucional, la bancada oficialista en la Cámara Alta bonaerense remarcó que la empresa opera sobre la Cuenca del Plata y gestiona la potabilización y distribución en el área más poblada del país. En ese sentido, sostienen que ceder la gestión de AySA implica una pérdida directa de la capacidad del Estado para planificar el territorio y cuidar los recursos naturales.
Para argumentar su postura contra el modelo privado, el bloque citó la tendencia internacional al señalar que “Francia y Alemania, que en los 90 fueron modelo de privatización, hoy están re-estatizando sus servicios por el fracaso del modelo privado”. En ese marco, los legisladores concluyeron su reclamo exigiendo al Ejecutivo Nacional la suspensión del esquema privatizador y “la inmediata reactivación de las obras y programas de expansión paralizados”, bajo la premisa de que la región requiere de mayor presencia estatal para garantizar la cobertura básica.
