El gobierno bonaerense de Axel Kicillof dio una conferencia de prensa para anunciar la ampliación del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en el cual se incorporarán 1500 plazas para alojar a detenidos.
Es la respuesta del Ejecutivo ante la polémica que surgió luego de que se instalara la versión de que tanto el gobernador como el presidente, Alberto Fernández, intervenían en la justicia para pedir la liberación masiva de presos, en el marco de la pandemia del Covid-19.
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De esta forma, Kicillof se asegura de que los detenidos que se encuentren en situación de riesgo, puedan ser trasladados a las nuevas plazas. A su vez, Kicillof le pidió a la Suprema Corte de Justicia Bonaerense que “ponga orden” ante la desinformación que se instaló respecto a la decisión de quién otorga domiciliarias a los detenidos.
Luego de hacer un repaso de la deuda millonaria que el gobierno bonaerense tuvo que pagar con proveedores de alimentos en las cárceles, Kicillof continuó criticando la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, a quien también la relacionó con un pedido expreso para que se liberen detenidos.
El mandatario se valió de una nota del portal Infobae de septiembre del año pasado, en donde por entonces el gobierno de Cambiemos pedía darles domiciliaria a 1500 detenidos “porque no había lugar en las cárceles”.
“Si quieren buscar a un gobierno que realmente quería liberar detenidos, vayan a buscarlo en la gestión pasada”, fustigó Kicillof.
Sin embargo, el gobernador separó los tantos y dijo que “buena parte de la oposición está colaborando en la misma dirección” que el Ejecutivo bonaerense. “Es un sector ínfimo el que está prendido en ese juego”, dijo y agregó: “Yo no me voy a prender”.
En tanto, el ministro de Justicia Julio Alak agregó datos de contexto, al explicar que el COVID-19 vino a empeorar un escenario carcelario que ya era gravísimo desde diciembre. Cuando asumió Kicillof, el sistema contaba con 24 mil plazas paras unos 50 mil internos en penales, comisarías y con monitoreo electrónico.
También, vale aclarar que luego del fallo del juez de Casasación Víctor Violini -un habeas corpus colectivo a pedido de los defensores oficiales-, según el Servicio Penintenciario Bonaerense, entre el 17 de marzo y el 17 de abril, fueron 439 los detenidos beneficiados con arrestos domiciliarios o excarcelaciones por pertenecer a poblaciones de riesgo por edad o enfermedades preexistentes.
Los alcanzados por esa medida -porque la resolución así lo disponía- deberían haber sido condenados o acusado por delitos leves. El fiscal de esa instancia, Carlos Altuve fue ayer a la Corte con un recurso de queja contra esa decisión y hay mucha presión sobre el máximo tribunal para que se expida rápidamente.
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