El silencio oficial sobre el salario mínimo llegó a un punto límite. El Juzgado Nacional del Trabajo N°10 ordenó al Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, que en un plazo de tres días informe por qué no convoca al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, ámbito que por ley debe reunirse cada dos meses.
La medida judicial responde a una acción cautelar promovida por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, que exigen reactivar el organismo tripartito donde Estado, sindicatos y empresarios acuerdan los aumentos del salario mínimo. Las centrales, lideradas por Hugo Godoy y Hugo Yasky, sostienen que el Gobierno incumple la normativa vigente y vulnera el derecho al diálogo social garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución. “El salario mínimo no puede ser una decisión unilateral del Ejecutivo”, remarcó Yasky.
El reclamo sindical apunta también a que el piso salarial sea actualizado conforme al costo de vida, en un contexto de inflación persistente y pérdida del poder adquisitivo. Según denunciaron, desde marzo no se convoca al Consejo, lo que implica la paralización de una instancia institucional clave para definir ingresos básicos, asistencia a desempleados, generación de empleo genuino y combate al trabajo no registrado, tal como establece el decreto 1095/2004.
El fallo judicial llega después de meses en los que Pettovello había mantenido un perfil más bajo, tras el conflicto por los alimentos retenidos en depósitos oficiales que marcó el inicio de su gestión. Sin embargo, la decisión reaviva el debate sobre su manejo del área social y laboral, en particular el congelamiento de los espacios de negociación con los sectores productivos.
La última actualización del salario mínimo fue fijada de forma unilateral por el Ministerio mediante la Resolución 5/2025, sin acuerdo tripartito. Para las centrales obreras, esa decisión “carece de legitimidad y vulnera los estándares de la OIT”. Además, señalaron que “la omisión injustificada en la aprobación de la metodología para definir la canasta básica, sumada a la falta de observancia de criterios objetivos y a la arbitrariedad y unilateralidad con que se ha venido fijando el salario mínimo, vital y móvil, ha dado como resultado la irrisoria suma de $322.000”.
La resolución del Juzgado no sólo exige explicaciones, sino que obliga al Ejecutivo a transparentar los motivos de la inacción oficial. Si la ministra no responde en el plazo fijado, podrían activarse nuevas medidas judiciales. En paralelo, los gremios ya preparan más acciones si el Gobierno continúa evitando la convocatoria al Consejo del Salario.
Mientras la administración Milei sostiene su política de desregulación y reducción del rol estatal en materia laboral, la Justicia vuelve a poner el foco sobre Pettovello y la obligación legal de garantizar mecanismos institucionales para definir ingresos básicos en un país donde los sectores más vulnerables siguen siendo los más golpeados por la inflación y la recesión.
