El interventor del ENARGAS, Federico Bernal Hermitte, comunicó a través de las redes sociales que realizó una nueva denuncia penal contra el ex ministro de Energía durante la presidencia de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta.
Según Bernal Hermitte, en las auditorías realizadas a Transportadora de Gas del Sur S.A. y Camuzzi Gas Pampeana S.A. se encontraron irregularidades e ilícitos en la actualización de la base tarifaria que no tenía que superar el número 24 sobre la base tarifaria y fue llevado “artificialmente” a 33. Por ese motivo, las tarifas sufrieron un incremento del 3.300% y las energéticas ganaron u$s1.300 millones más de lo que les correspondía, a costa de los consumidores.
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Además de Aranguren, la denuncia implicó a otros seis ex funcionarios: Andrés Chambouleyron, Daniel Alberto Perrone, David Tezanos, Andrés Ferraris, Juan Manuel Carassale y Graciela Cristina Bevacqua. Todos ocupaban cargos durante la pasada administración.
“Este sobredimensionamiento está siendo soportado injustificadamente por los casi nueve millones (9.000.000) de usuarios y usuarias del servicio público”, señaló el ENARGAS en un comunicado.
Además, para justificar la modificación de la base tarifaria, incorporaron dentro del cálculo de actualización presuntas indemnizaciones por perjuicios ante el CIADI, por denuncias que ni siquiera se habían hecho.
“Al incluirse los montos por eventuales reclamos ante el CIADI, se garantizaba al 100% de los accionistas de las empresas de gas el recupero, vía tarifa -a costa de los usuarios y usuarias-, de algo que ni siquiera había sido presentado ante ese tribunal, por montos hipotéticos, y que, a todo evento, no correspondía en atención a lo que determinaban las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral”, manifiesta el comunicado.
Es la segunda denuncia penal que el interventor del ENARGAS impulsa contra Aranguren. En junio de este año, lo denunció por la forma en que estableció los contratos para la provisión de gas. Según el ENARGAS, el funcionario permitió la libre negociación entre las empresas productoras y distribuidoras. Algo ilegal según Bernal, que derivó en la dolarización del precio de las tarifas, lo que generó un perjuicio económico de U$D 393 millones al fisco y otros U$D 168 millones a los usuarios.
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