La crisis económica y financiera se expande como una mancha venenosa por numerosos distritos de la provincia de Buenos Aires.
La poderosa deuda de más de 12 billones de pesos que el gobierno nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires repercute de forma directa en la caída de los fondos de coparticipación que llegan a los municipios.
A ese complejo panorama se suman la caída en la recaudación de las comunas, producto del enfriamiento de la económica, el incremento en la morosidad de los contribuyentes de las tasas municipales y un aumento de la demanda social al sistema público municipal en materia de salud y asistencia social, entre otros.
Gran parte de los municipios llegarán a fin de año con déficits operativo y varios incluso con sus cuentas en rojo. Los más complicados ya se declararon en emergencia o hicieron fuertes recortes o congelaron aumentos.
La preocupación generalizada en los intendentes es como cubrirán los gastos de diciembre en materia de salarios y pago de aguinaldos.
Mientras eso sucede, la propia provincia de Buenos Aires incluyó la declaración de emergencia económica para el distrito hasta fines de 2026 en el proyecto de presupuesto y apuesta a destrabar el pedido de endeudamiento por USD 3.035 millones, en el que incluyó un fondo para los municipios equivalente al 8% de ese monto.
Seis distritos en emergencia económica y varios más con cuentas en rojo
Hasta el momento son seis los distritos que declararon la emergencia económica, financiera y administrativa.
El primer caso es el distrito de Azul que viene en esa situación desde el 2024 pero que en el mes de septiembre de 2025 volvió a prorrogar la emergencia administrativa/económica.
La medida implica el congelamiento de salarios municipales, congelamiento y rebaja del 15% del salario de funcionarios políticos y del jefe comunal Nelson Sombra, la suspensión de viáticos, reducción en compra de bienes y contratación de servicios, entre otros aspectos.
Según los números oficiales, el déficit municipal que al cierre de 2024 ascendía a $4.486 millones y se redujo a $3.122 millones al 31 de agosto, panorama que aún es crítico.
Villa Gesell: Mediante el Decreto municipal N° 838 se declaró emergencia económica en el mes de abril. El intendente Gustavo Barrera explicó que la decisión surge en respuesta a la “asfixia económica del Gobierno Nacional a la Provincia y a los municipios” y a la caída de la recaudación
9 de Julio: Mediante el Decreto Nº 949/2025 la intendenta María José Gentile declaró la emergencia económica, financiera y administrativa (08/07/2025). La localidad es una de las más afectadas por las inundaciones.
Guaminí: Se declaró en emergencia en el mes de mayo. Congeló los salarios y redujo al mínimo el pago de horas extras
Tapalqué: El intendente Gustavo Cocconi firmó el último 29 de octubre el decreto que declara la emergencia económica que incluye “diferentes medidas de gestión, compra y recaudación para optimizar la administración ante la situación crítica que ha generado la política que desarrolla el Gobierno nacional”
General Guido: Apenas días atrás- el 29 de octubre- el intendente Carlos Rocha declaró al distrito en emergencia: Incluye la reducción de horas extras, la revisión de gastos generales y una reducción del 10% en los sueldos del Intendente, los funcionarios del Ejecutivo y cargos de ley
En el listado de distritos con problemas económicos aparecen localidades como Rauch – con déficit operativo en los últimos meses- o General Madariaga donde el intendente Carlos Esteban Santoro avanzó en recortes de sueldos para la planta política y analiza la reducción de partidas no prioritarias y la contención del gasto corriente.
En Adolfo Alsina, el HCD aprobó una Ordenanza que autoriza al Municipio a disponer de un descubierto bancario con el Banco de la Provincia de Buenos Aires de 1030 millones de pesos para afrontar eventuales dificultades de liquidez y garantizar el pago de salarios.
La localidad de Saavedra-Pigüé, el intendente Matías Nebot ya había aplicado un recorte del 13% en los sueldos de funcionarios, concejales y trabajadores estatales.
En otros distritos como en Rojas, las cifras preocupantes fueron advertidas por la oposición quienes denuncian un déficit de $3.600 millones de la gestión de Román Bouvier.
En Ramallo, el intendente Mauro Poletti pidió una prórroga hasta noviembre para la presentación del presupuesto en medio de serias dificultades económicas – el distrito pierde mil millones mensuales por el incumplimiento en el pago de la Tasa de Seguridad e Higiene por parte de Ternium Siderar que judicializó la Tasa-.
Olavarría también se encuentra con complicaciones a raíz de la fuerte caída de la construcción y el impacto sobre la tasa de explotación de canteras o “Impuesto a la Piedra”, una de las principales fuentes de financiamiento.
Los intendentes radicales fueron en bloque a pedir respuestas a la provincia
El Foro de Intendentes de la Unión Cívica Radical (UCR) se reunió el último lunes con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, en un momento clave del año ante las dificultades económicas que atraviesan los municipios.
Al término de la reunión, desde el espacio que nuclea a 27 jefes comunales remarcaron que el encuentro buscó “analizar la situación financiera de los municipios y reclamar la cancelación de deudas pendientes que la Provincia mantiene con las comunas” dijeron.
Se trata de recursos adeudados a través de mecanismos de descentralización como fondos previsionales del IPS, retrasos del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y gastos por los Juegos Bonaerenses.
“Muchos distritos se encuentran en una situación de extrema fragilidad y requieren que la Provincia cumpla con los compromisos asumidos, tanto en materia de obras como de fondos específicos” señaló el presidente del Foro de Intendentes, Maximiliano Suescun.
Además del pedido de pago de deudas, los intendentes exploraron la posibilidad de “anticipos de fondos o mecanismos extraordinarios de financiamiento para atender gastos corrientes” expresaron.
