Sin estridencias ni cadenas nacionales, sin comunicados de prensa ni conferencias explicativas, este martes 20 de mayo apareció publicado en el Boletín Oficial el Decreto 332/2025. Con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, se decretó la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), aquella creada apenas tres meses atrás para colaborar con la justicia en torno al caso de la criptomoneda $LIBRA.
La UTI había sido constituida a través del Decreto 114/2025 en un contexto complejo: la promoción pública del proyecto $LIBRA desde las propias redes sociales del Presidente había encendido las alarmas de parte de la oposición y del Poder Judicial.
Una UTI con fecha de vencimiento
La sospecha sobre posibles irregularidades motivó la creación de una Comisión Investigadora en el Congreso y la posterior formación de esta unidad especial en el Ministerio de Justicia.
El decreto de creación de la UTI destacaba que su función sería recabar y resguardar evidencia sobre $LIBRA, con facultades de acceso a información incluso de distintas jurisdicciones, y con la obligación explícita de denunciar cualquier intento de ocultamiento o destrucción de pruebas.
Lo curioso —y quizás lo más llamativo— es que, entre su fundación y su súbita desaparición, nunca se conoció con exactitud qué información recabó la UTI, si hubo documentación entregada al Poder Judicial o a la Comisión Investigadora, o si se avanzó en alguna línea concreta de indagación.
La unidad, que nació con bombos legales y una supuesta intención de transparencia, se extinguió hoy sin ruido, sin balances, y sin que se conozcan resultados públicos de su accionar.
Milei: De la denuncia al archivo
Desde ya, no faltan quienes recuerdan que fue el propio Milei quien impulsó y defendió a $LIBRA, un criptoactivo que muchos veían más como un ensayo de marketing recaudatorio para él y los suyos que como una política económica.
La creación de una unidad del Poder Ejecutivo para investigar algo en lo que el Ejecutivo mismo estaba involucrado ya había generado polémicas. Ahora, su clausura apenas cumplido el trimestre de vida, sin mayores explicaciones, reaviva las sospechas de que todo el dispositivo pudo haber sido más decorativo que real.
“Por haber dado cumplimiento a la tarea que le fuera encomendada“, señala el artículo primero del nuevo decreto de este martes. Una frase que, lejos de ofrecer claridad, deja abierta más de una pregunta:
¿Qué tarea?
¿Qué se encontró?
¿A quién se informó?
¿Y por qué, si había una Comisión Investigadora del Congreso en marcha, no se conocieron siquiera informes preliminares?
En momentos en donde la criptomoneda $LIBRA genera cada vez más preguntas que respuestas a nivel internacional, pero donde al mismo tiempo el discurso oficial suele mostrarse celoso de la transparencia ajena, este cierre administrativo expeditivo —firmado un lunes y publicado un martes— sorprende por su velocidad y por la falta de detalles.
El escandaloso caso $LIBRA quería mostrarse como “un antes y un después en materia de transparencia institucional”. Por ahora, lo único que marcó es el fin de una oficina que, al menos de forma pública, no dejó huellas.
