En un mensaje transmitido por Cadena Nacional, el presidente Javier Milei presentó una batería de medidas de corte sumamente regulatorio e intervencionista para contrarrestar los proyectos de explotación petrolera offshore en las Islas Malvinas. La estrategia oficial contempla el reflotamiento y endurecimiento de la Ley 26.659 (sancionada y promovida originalmente durante la gestión kirchnerista), la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el envío de un proyecto de ley al Congreso para castigar económicamente a empresas, accionistas y proveedores involucrados en las islas.
El núcleo político de la presentación estuvo en la revelación de la “autorización” internacional. En un pasaje clave de su discurso, el mandatario ratificó que el presidente estadounidense Donald Trump está “reevaluando la posición histórica” de la Casa Blanca respecto de la disputa del Atlántico Sur. Según la narrativa oficial, este alineamiento geopolítico le otorga a la Argentina el respaldo necesario para desplegar el poder punitivo del Estado e inhabilitar corporaciones e inversionistas privados.
Regulaciones, sanciones y giro estatal
El anuncio expone una marcada paradoja en el discurso libertario. Para hacer frente a los proyectos petroleros en el archipiélago —con especial énfasis en la iniciativa Sea Lion, operada por las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration— el Estado recurrirá a herramientas de control, fiscalización e inhabilitación comercial:
- Endurecimiento de la Ley 26.659: Se enviará una iniciativa parlamentaria para extender el marco de sanciones y penas no solo a las petroleras operadoras, sino también a sus proveedores, directores y accionistas, prohibiéndoles contratar tanto con el sector público como con el privado en territorio argentino.
- Decretos y celeridad sancionatoria: A través de un decreto firmado durante la misma jornada, se agilizarán los procedimientos administrativos para castigar a quienes participen directa o indirectamente de la extracción de hidrocarburos sin autorización.
- Creación del Consejo de Seguridad Nacional: La iniciativa legal busca crear un organismo interdisciplinario (Defensa, Cancillería, Inteligencia y Economía) con facultades para fijar directrices obligatorias y transversales en todo el aparato estatal, regulando de forma estricta la protección de infraestructura crítica.
- Presupuesto militar y base en Tierra del Fuego: Se dispondrá un DNU para ampliar las partidas destinadas al Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades tecnológicas e insulares.
La contradicción ideológica y el llamado a la unidad
Resulta llamativo cómo una administración alineada conceptualmente con el libre mercado y la desregulación económica recurre a marcos normativos sancionados por el kirchnerismo para prohibir la libre contratación de privados e imponer restricciones comerciales severas. “Quienes operan en nuestras Islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable en un país soberano. No se pueden hacer las dos cosas”, sentenció el Presidente.
Hacia el final de la cadena pública, Milei convocó a la dirigencia política, social y económica a deponer las diferencias y mostrar un “frente unido”, argumentando que la defensa soberana y la proyección hacia la Antártida y el Atlántico Sur constituyen una política de Estado de supervivencia nacional que debe primar por encima de cualquier disputa ideológica o fiscal.
